Usuarios del sur se niegan a pagar el peaje en Cabeza de Buey
En el sur de Salta existe una gran indignación por el mal estado de la ruta nacional 9/34, por lo que vecinos, comerciantes y hasta autoridades se están negando a pagar el peaje ubicado en el paraje Cabeza de Buey, jurisdicción de General Güemes.
A pesar de la situación deplorable de la cinta asfáltica, hubo un aumento de un 200% en la tarifa, que se aplicó a partir del pasado 26 de abril. Por lo que un automóvil pasó a pagar de $300 a $900.
«Considero que no se debe pagar el peaje debido a que pretenden cobrar por un servicio que no están brindando porque la ruta nacional 9/34 está en muy mal estado, casi es intransitable, por ejemplo, entre el acceso sur de Metán y Yatasto», dijo a El Tribuno la concejal María José Bernis, quien junto al intendente, José María Issa, presentaron un recurso de amparo para exigir la urgente reparación de la arteria nacional.
«Tengo conocimiento de que vecinos de Metán y de Rosario de la Frontera y hasta autoridades se está negando a pagar el peaje. Lo que ocurre es que es una gran injusticia porque los que circulan por la zona en más de 5.000 vehículos por día arriesgan sus vidas», destacó la edil.
«Presentamos el amparo para que Corredores Viales S.A. repare de manera urgente esta transitada ruta nacional. El juez Fucho hizo lugar, pero la empresa no cumplió, apeló la resolución y encima aumentó el peaje en un 200%», remarcó la concejal Bernis.
Más de $117 millones
Por incumplir una resolución judicial en el marco de un amparo que se presentó en Metán para exigir la reparación de la ruta nacional 9/34, la empresa Corredores Viales S.A, deberá pagar, hasta hoy, $117.500.000.
En abril pasado el juez del Tribunal de Juicio, de la sala II, vocalía 1, Sebastián Fucho, secretaría de la abogada, Valeria Alejandra García, dispuso embargar las cuentas de la empresa del peaje, que deberá pagar astreintes diarios de $2.500.000
El amparo fue presentado por la concejal, María José Bernis, como usuaria de la ruta, para exigir su reparación urgente, con la representación del abogado metanense, Tomás Delgado. También adhirió al planteo legal el intendente, José María Issa, quien luego solicitó que se multe a Corredores Viales S.A. por no reparar la ruta nacional 9/34, que se encuentra prácticamente intransitable entre San José de Metán y el paraje Yatasto.
La acción es en contra de Corredores Viales S.A., del organismo de control de concesiones viales y de la Dirección Nacional de Vialidad de Salta.
El 20 de mayo pasado el juez Fucho resolvió trabar un embargo preventivo sobre fondos depositados o que se depositen en cuentas bancarias pertenecientes a Corredores Viales S.A., por la suma de $75.000.000, en concepto de capital.
También dispuso que se oficie a tales fines al Banco Central de la República Argentina y que los fondos sean depositados en una cuenta judicial.
El destino final del dinero posteriormente será dispuesto por la justicia salteña. Pero como los astreintes son diarios, hasta la fecha de hoy (06/06/24), Corredores Viales, acumula multas por alrededor de $117.500.000.
Nueva apelación
La empresa prestataria del peaje apeló la resolución del amparo del juez Fucho y también la aplicación de los astreintes diarios de $2.500.000, que se siguen acumulando y sumando día a día, a pesar de las presentaciones.
El magistrado le había aplicado con anterioridad una multa, como daño punitivo, a Corredores Viales de $2.000.000 y especificó que esos fondos serán destinados al hospital Del Carmen de Metán.
En febrero pasado Fucho hizo lugar a la acción de amparo presentada por la concejal Bernis y el intendente Issa; y ordenó a Corredores Viales S.A que proceda a la inmediata reparación de la ruta nacional 9/34, entre los kilómetros 1.446 y 1460, entre San José de Metán y Yatasto, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento.
En ese momento el plazo para la reparación era de 20 días corridos, contados a partir de la notificación de la resolución. Pero luego Corredores Viales apeló la resolución del magistrado metanense y no cumplió ninguna de las disposiciones.
Fucho ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad ejercer su rol como autoridad de aplicación de control de las concesiones viales, para verificar las normas del buen arte de construir y las especificaciones técnicas.