Tras los aumentos de tarifas y un fuerte ajuste, una empresa pública dejará de pedirle subsidios al Estado
Una empresa pública alcanzó en mayo el primer equilibrio operativo -sin déficit- en sus cuentas desde 2019 y planea dejar de pedirle dinero (subsidios) al Estado nacional en los próximos meses, después de los aumentos de tarifas y un fuerte ajuste en sus gastos.
Se trata de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que en mayo obtuvo la habilitación del Gobierno para subir un 209% sus tarifas. En junio hubo otro incremento del 2,77% y a partir del lunes 1 de julio se aplicará otro alza de 6,3% acumulativo.
«Hasta el momento, AySA es la empresa estatal que logró la mayor reducción de sus gastos y eficiencia en relación con su operación, ya que los resultados económicos acumulados en los primeros cinco meses de 2024 demuestran una significativa reducción del déficit total», comunicó la empresa. El año pasado, el déficit fue equivalente a 380 millones de dólares y este año habrá un superávit por US$ 8 millones, con una rentabilidad positiva del 3%.
Esto se debe -comentaron- a que la nueva gestión de AySA incrementó los ingresos en un 22% en comparación al 2023 en términos reales (descontado el efecto de la inflación), lo que representó unos $ 33.000 millones adicionales, y se redujeron los gastos devengados de operación bruta un 16% interanual, equivalente a $ 40.700 millones.
Este ahorro, sumado al aumento de tarifas del 209% (que triplicó las facturas) y a las indexaciones mensuales, permitió a la empresa estatal lograr el equilibrio operativo y encaminarse hacia el superávit.
Según los números a los que tuvo acceso Clarín, la empresa que preside desde abril Alejo Maxit obtuvo en mayo ingresos por $ 52.300 millones y gastos operativos brutos (excluyendo extraordinarios, financieros y amortizaciones) de $ 51.700 millones.
Este resultado positivo de $ 600 millones, promete AySA, se destinará a inversiones en «nuevas obras de mejora para eficientizar los servicios».
Dentro de este plan de «eficiencia», la compañía llevará adelante una estrategia para la reducción de pérdidas físicas de agua potable, que permitirá recuperar 500.000 m3/día de agua (equivalente al consumo de 1 millón de personas) y reducir gastos de insumos químicos y energía de bombeo.
«Además, se reforzará la continuidad del plan de micromedición para alcanzar una facturación basada en el servicio medido y más justa para los usuarios», anticiparon fuentes de AySA. Actualmente, los usuarios domiciliarios tienen la posibilidad de pedir gratis un medidor para que les cobren lo que realmente consumen.
Por dónde pasará la motosierra
Para fin de año, los objetivos de reducción de gastos son de 45% en vigilancia, 43% en limpieza, 35% en telefonía (2.107 líneas activas menos, de 6.106 a 3.999), 24% en la flota de vehículos (528 unidades menos, de 2.229 a 1.701) y 15% en la masa de salarios, a través de la baja del 35% de las horas extras y un extendido programa de retiros voluntarios. En lo que respecta a las obras de mejora y mantenimiento, se encuentran en etapa de priorización y revisión.
En 2023, los ingresos tarifarios de la empresa solamente cubrieron el 52,2% de los gastos operativos, mientras que por el resto se necesitaron transferencias (subsidios) del Tesoro Nacional para asegurar la calidad y continuidad de los servicios.
Ya desde mayo, en cambio, los costos operativos podrán sostenerse únicamente con los ingresos de tarifas por el cobro de los servicios de agua y cloacas.
De esta forma, AySA requirió un 35% menos de subsidios en lo que va del año frente al mismo período de 2023. Las transferencias del Estado solamente se utilizarán como reserva para gastos extraordinarios, el pago de obligaciones negociables (deuda) y contingencias no operativas.
Incluyendo los recursos y gastos de capital, el déficit financiero total de AySA entre enero y mayo tuvo una caída del 69% interanual, lo que representa $ 212.000 millones.
El objetivo final de la gestión de la empresa es «transformar a AySA» en una firma «financieramente sostenible y operativamente eficiente» para obtener ganancias que atraigan a futuros inversores para entregar la concesión a privados (tras la sanción de la Ley Bases), con la que el gobierno de Javier Milei buscará dólares para su plan económico.