Tras el apriete de los Moyano, la Ciudad da de baja la licitación y seguirá operando las grúas de acarreo

El Gobierno porteño decidió dar por terminado el proceso de licitación del sistema de grúas de acarreo y anunció la estatización definitiva. La medida la tomó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en medio de una negociación para bajar el canon de la preadjudicación firmada por la administración de Horacio Rodríguez Larreta unos días antes de dejar el cargo, en un lunes en el que la Ciudad amaneció con basura en calles y veredas debido a una protesta de Camioneros, gremio al que se lo vincula con al menos dos de las empresas que estaban en carrera.

«Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio. El servicio seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato», dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y agregó: «El contexto actual nos exige cuidar cada peso de los contribuyentes de la Ciudad. Continuaremos evaluando a futuro la mejor forma de contratación para la optimización de este servicio».

En la noche del domingo, Macri había apuntado contra la licitación iniciada hace un año y ocho meses porque la preadjudicación es «carísima». Y este lunes, cuando se constató que la recolección se había cumplido solo en un 35%, y antes de tomar la medida definitiva, cargó contra Camioneros.

«Es raro, porque en recolección no tenemos ningún problema con el gremio. Con lo cual, todo lo que se recolecte mal, estamos multando a las empresas. Pero sí tenemos una discusión en una preadjudicación en una licitación de acarreo. Que no tiene nada que ver con esto», había declarado esta mañana el mandatario porteño.

Y agregó: «Entonces, parece que Camioneros tiene esta lógica que es ‘te aprieto donde creés que más duele’. A mí, si me van a querer llevar de prepo, va a ser difícil. Yo tengo experiencia, tengo firmeza», agregó el jefe de Gobierno porteño.

Desde el gremio dijeron que la protesta tenía que ver con que la Ciudad quiere cambiar el convenio de los alrededor de 350 empleados que operan las grúas. Aunque el servicio es gestionado por AUSA, la empresa estatal porteña que maneja las autopistas, los trabajadores están bajo relación de dependencia en SBASE, que se ocupa de los subtes. Esto se acordó así en 2022, cuando también hubo una protesta encabezada por Camioneros, para que los empleados quedaran bajo el convenio del gremio.

Según afirmó el jefe de Gobierno, y Clarín pudo constatar en el acuerdo firmado en 2022, los empleados seguirán bajo el mismo acuerdo, tanto si la Ciudad se hace cargo definitivamente del servicio, o si se lanza una nueva licitación, que a esta altura es una opción que casi no tiene chances.

La Ciudad, a través de Ausa, la empresa estatal que gestiona las autopistas, se hizo cargo del servicio de acarreo en octubre de 2022. Unos meses después se lanzó el llamado a licitación, que se fue demorando y recién se preadjudicó, a favor de tres empresas por 57 mil millones de pesos con contratos por diez años. Todo se resolvió el 7 de diciembre de 2023, tres días antes de que Horacio Rodríguez Larreta dejara la jefatura de Gobierno. La negociación que resolvió darle el negocio a estas tres empresas tuvo su paso por la Legislatura porteña y también la injerencia de Juan Manuel Olmos, el hombre fuerte del PJ porteño y jefe asesores de Alberto Fernández.

El objetivo de la gestión de Jorge Macri, en un contexto de crisis y caída de ingresos, fue achicar ese monto, por lo que se iniciaron negociaciones con las empresas. Clarín pudo saber que también se les informó a las compañías que se tenían que hacer cargo de la inversión inicial, de us$ 8 millones, que antes iba a asumir la Ciudad. También trascendió que ninguna de las 3 compañías aceptó reducir en canon.

Además, el jefe de Gobierno dijo que el costo de operación actual es la mitad de lo que saldría si se hacen cargo las empresas que llegaron hasta el final de la licitación. Aunque fuentes ligadas a las firmas dicen que el cálculo se hizo sobre una porción de la Ciudad que, según ellos, no refleja la operación real.

La licitación cumplía con una ley de 2020 que dividía la Ciudad en 3 zonas e implementaba el sistema de pago electrónico, sin parquímetros ni tickeadoras, para el estacionamiento medido, que ya rige a través de la app Blinkay. Así, la zona norte contaba con la playa de acarreo ya existente junto a la Facultad de Derecho e iba a sumar una nueva en en Chacarita, en Guzmán al 900; la zona Oeste comprendía la construcción de playas en Ramón Falcón al 4700 y Dávila al 1000. Mientras que la sur iba a usar las playas bajo el Obelisco y en Tacuarí y San Juan (sur).

Por ahora, entonces, el área de operación de las grúas, salvo excepciones, se mantendrá en el perímetro donde hay estacionamiento medido, por una cuestión de cercanía con las playas. Ahora, aunque desde el Ejecutivo sostienen que el futuro está bajo evaluación, parece poco probable que se lance hacia una nueva licitación. Y habrá que ver si la Ciudad decide avanzar con llevar las grúas a toda la Ciudad y mantiene el servicio tal como está.

Además, una ley de 2022 prohíbe llevarse autos que tengan el tiempo de estacionamiento vencido y limitó el acarreo a situaciones puntuales, como la invasión de senda peatonal, obstrucción de paradas de colectivos, rampas para discapacitados, ciclovías o entrada y salida de vehículos, y espacios de carga y descarga. El acarreo tiene un costo de $ 25.000 y la multa por mal estacionamiento cuesta $ 47.139.

La anterior concesión del servicio de grúas era de 1991. Pero desde 2001 las empresas operaban con contratos vencidos y prorrogados. Cobraban por auto acarreado y eran eje de denuncias constantes por la forma en la que llevaban los autos, incluso con exceso de velocidad, y por acarreos injustificados de vehículos bien estacionados.

Las empresas Dakota (STO) y BRD (SEC) operaban las grúas y pagaban un canon irrisorio de $ 55.000 por mes.

En 2022, ante la amenaza de una sesión especial de la Legislatura en la que la oposición, gracias a los votos de los diputados del bloque de la Coalición Cívica, que respondían a Elisa Carrió y encabezaba Facundo del Gaiso, tenía los votos para suspender la polémica concesión, Rodríguez Larreta decidió ponerle fin y que la Ciudad se hiciera cargo de operar el servicio hasta lanzar una nueva licitación.

El proceso avanzó lento. Hasta que de la unión entre Ashira SA, que recolecta basura en la Ciudad desde 2014, y Ecoba, surgió una de las empresas que consiguió la pre adjudicación que suspendió Jorge Macri este lunes. La segunda era Transporte 9 de Julio, que pertenece al rubro de la construcción y también tiene contratos con la Ciudad para mantenimiento del espacio público. Creada en 1976 en Santa Fe, además tiene participación en la recolección de residuos de Tucumán, La Plata y Mar del Plata.

Las versiones que indican que existe algún tipo de vinculación entre Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio con el gremio de Camioneros, que conducen Hugo y Pablo Moyano, crecieron este lunes ante la medida que afectó a la recolección de basura en la Ciudad. Y el Gobierno lo tomó como un «apriete».

Las versiones no son de ahora. A Hugo Moyano ya se lo había vinculado con BRD (SEC), una de las concesionarias hasta 2022. Incluso en 2014, cuando se acordaron los contratos de recolección de basura, diferentes versiones sostuvieron que Ashira, tenía algún tipo de vínculo con el hombre fuerte de Camioneros.

La tercera empresa que había sido preadjudicada era SAEM SA, la única con experiencia previa en la operación del servicio de acarreo. Se trata de una compañía que tiene la concesión del sistema de estacionamiento medido en Neuquén. Además, a través de Tránsito Rosario es la encargada de gestionar el sistema de Acarreo y Estacionamiento medido de Rosario desde 2009.

Según publicó Clarín el año pasado, ya se había presentado en licitaciones previas, en 2014 y 2018, que luego fueron desestimadas por amparos y trabas judiciales. En esta empresa tiene injerencia Horacio Miró, un empresario porteño que tuvo negocios en Córdoba y también vínculo directo con el consultor político y asesor mediático Guillermo Seita, que trabajó para Horacio Rodríguez Larreta, el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti y Sergio Massa, entre otros.

Hasta 2022, una de las empresas concesionarias, BRD, tenía a Ricardo Chiantore (h) como propietario, quien tomó la posta de su padre, José Ricardo Chiantore. Este último era cercano al ex presidente Carlos Menem.

Mientras que como dueño de Dakota, la otra compañía, aparecía el empresario paraguayo Reinaldo Niella, quien tuvo una constructora, fue socio del Banco Patagónico y estuvo vinculado a la industria petroquímica. Con el tiempo, cedió el control de la sociedad a su sobrino, Marcelo Daniel Violante. Como BRD, el contrato de las grúas se le adjudicó durante la intendencia de Carlos Grosso, en pleno menemismo. Y se extendió durante más de 30 años, 20 de ellos con contratos vencidos, hasta que fue dado de baja en 2022.