Sistema carcelario: Alerta por la sobrepoblación, el hacinamiento y la muerte de un preso
El panorama del sistema carcelario de la Provincia de Salta es crítico. Recientemente, se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura, durante la cual se debatió la propuesta de crear un Registro Provincial de Muertes Bajo Custodia. Es que no existe un organismo que trabaje de manera sistemática sobre esta problemática.
El encuentro fue presidido por el presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta, Rodrigo Solá, acompañado por el vicepresidente, Ramón Rosa Corregidor. Tuvo lugar el jueves pasado en el Centro Cívico Grand Bourg. Horas después, un interno del penal de Villa Las Rosas, José Martín Castillo, alias Tucumano o Pájaro, murió en el hospital San Bernardo, tras haber sufrido golpes en la cabeza con un fierro de gran porte, a manos de otro interno, el domingo pasado. En consecuencia, padeció traumatismos graves.
Se supo que el Comité había intervenido en el caso. «Nosotros ya veníamos trabajando en ese caso que se produjo en la Unidad Carcelaria 1, por una pelea entre dos personas privadas de la libertad y que tuvo como consecuencia la muerte de una de ellas», dijo Solá.
Y añadió: «Hay cuestiones que en este momento entran en la confidencialidad, pero conocíamos la situación de esta persona privada de la libertad desde hace varios meses por comunicaciones de sus familiares y con el Comité para la Prevención de la Tortura de Tucumán. Tuvimos varias entrevistas, solicitamos intervención en su momento del Juzgado de Ejecución, de la Fiscalía en Derechos Humanos y veníamos trabajando la posibilidad de que fuera trasladado a una unidad penitenciaria de Tucumán para vinculación con sus familiares. Lamentablemente esa posibilidad quedó trunca».
El hecho encendió las alarmas sobre la violencia en contexto de encierro y también sobre las condiciones en los establecimientos carcelarios.
«Nuestra visión de toda la situación del sistema carcelario de Salta que incluye las unidades penitenciarias y comisarías, porque allí también hay personas alojadas que están cumpliendo condenas o que están procesadas y por un largo periodo alojadas en dependencias policiales, es crítica», explicó Solá.
Precisó que en los últimos años, desde que iniciaron su tarea en el Comité, en 2022 se sostienen prácticamente en los mismos números los niveles de sobrepoblacion y hacinamiento.
Según el Comité, el nivel de sobrepoblación total según la capacidad declarada por parte del Servicio Penitenciario ronda el 40 por ciento hoy en día. Además, hay alrededor de 800 personas que permanecen alojadas en comisarías. El número es alarmante.
La reunión del Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura.
El último informé del Comité, revela que el mayor drama está en la Alcaidía General 1 de Salta, ubicada en la zona norte de la capital salteña. En diciembre de 2018, presentaba un 122,57 por ciento de sobrepoblación conforme a la capacidad declarada, ya que tiene capacidad de alojamiento para 350 hombres y había 779 alojados. Estos números se mantienen actualmente.
Luego se posicionaba la Unidad Carcelaria 1, conocida como el penal de Villa Las Rosas, destinado a hombres. Presentaba un 38,80 por ciento de sobrepoblación conforme a la capacidad declarada, ya que tiene capacidad de alojamiento para 1.196 hombres y había 1.660 alojados. Por otra parte, en el norte provincial, la Unidad Carcelaria 5 de Tartagal, registraba un 38,58 por ciento de sobrepoblación conforme a la capacidad declarada, ya que tiene capacidad de alojamiento para 254 internos y había 352.
«Por eso, nosotros, ya después de dos años de hacer distintas recomendaciones y trabajar en línea con la emergencia carcelaria, hemos planteado un habeas corpus correctivo, en primer lugar sobre la situación de las comisarías en las provincias que entendemos que es el lugar donde se vive la situación de manera más dramática», sostuvo Solá.
Con relación a la problemática de las muertes bajo custodia, refirió que las provincias tienen la obligación de implementar el registros de éstas, y también sobre tortura y malos tratos.
«Estamos avanzando en la creación del primer registro que tiene que ver con construir un sistema de categoría que facilite el acceso a la información y que pueda identificar patrones, tendencias, las causas de las muertes y que esto pueda permitir una investigación y la elaboración de políticas publicas que prevengan las muertes evitables», precisó.
Se incluirán las muertes por causas violentas, naturales y omisión de servicios de salud o cuidados por parte del Estado. Se conoció que el año pasado fueron 9 muertes de personas privadas de la libertad y este año va 1
