Se frena la inflación, pero la crisis social no retrocede
El gobierno del presidente Javier Milei mantiene firme el compromiso asumido durante la campaña electoral; intenta, por eso, el saneamiento de la economía, la eliminación del déficit fiscal y el achicamiento de los gastos del Estado.
Durante los seis meses de gestión, ha logrado mantener la confianza de su electorado, a pesar de un ajuste que produce efectos directos y muy exigentes en toda la población.
Al mismo tiempo, sus objetivos, muy ambiciosos por su contenido, pero también por los plazos que se propone, encuentran un obstáculo en el Congreso debido, en parte, a la resistencia de muchos legisladores que, por motivos diversos, no dan vía libre a los proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo.
El viernes, al retirarse de una muestra en la Sociedad Rural de Palermo, una persona le advirtió a Javier Milei que «la gente no llega a fin de mes». El presidente le respondió que «si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto».
Cerrar los ojos es la peor de las evasiones. La gestión exige entender que no toda crítica o advertencia es muestra de agresividad.
La crisis es muy severa. Se estima que, en el semestre noviembre – abril, 29,4 millones de personas se encontraban bajo la línea de la pobreza. La Canasta Básica se incrementó en un año 265,3%, muy por encima del ingreso total familiar.
La reducción de los gastos del Estado necesariamente tiene efectos no deseados y requiere un análisis meticuloso para evitar que sectores de menores ingresos no lleguen a una situación límite.
Las investigaciones sobre hechos de corrupción en la administración de comedores comunitarios representan un avance para el país, porque lucrar con la necesidad de la gente es un saqueo a los pobres.
El 49% de pobreza que registra hoy la Argentina es la herencia más pesada que recibió el nuevo gobierno, fruto de varias décadas de decadencia económica y de políticas que fundieron al Estado, destruyeron el empleo genuino y frenaron el crecimiento productivo.
Pero eso no se resuelve ignorando el rol del Estado, que es esencial y debe ser administrado con transparencia y eficiencia profesional.
Más allá de las gravísimas irregularidades registradas en los comedores, el Gobierno no debe retener los alimentos almacenados en sus depósitos, sino hacer lo que haga falta para que lleguen a las personas a las que deberían estar destinados.
La pérdida del poder adquisitivo del salario se reflejó en la peor caída del consumo de los últimos treinta años.
Al mismo tiempo, un informe del Banco Mundial ubicó en 2023 a nuestro país como el quinto con mayor desigualdad social, solo detrás de Sudáfrica, Brasil, Colombia y México.
Si la inflación comenzó a decrecer más rápidamente de lo previsto, hay señales de alarma: el índice de producción industrial cayó 9,8% en abril y, en marzo, la economía registró un retroceso interanual de 8,4%. Para este año, se espera una contracción de 4% del PBI.
Para colmo, la sorpresiva ola de frío ya tiene consecuencias en la demanda de energía. Para evitar los cortes del servicio eléctrico, que depende del gas, Enargas suspendió el suministro del fluido a las industrias y a las estaciones de GNC. Es decir, se suma un factor recesivo.
Si bien es una parte de la herencia, la crisis energética se agudizó por la paralización de obras públicas y la falta de previsiones para abastecer al sistema con importación de gas licuado.
El éxito frente a la inflación y el ajuste, tolerado incluso por los sectores más pobres, tiene como contrapartida una tensión social que pone a prueba al proyecto transformador del gobierno.
.
.
.
