Saqueo de rieles: investigan a la estructura de poder
La investigación sobre el robo y contrabando de rieles del ramal C25 sigue revelando una compleja red de corrupción y tráfico que involucra a figuras, como el intendente de Rivadavia Banda Norte, Miguel Atta Gerala.
El fiscal general Eduardo Villalba presentó ayer detalles cruciales del caso ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. La audiencia abordó los operativos de allanamiento realizados el jueves, que resultaron en la detención de José Miguel Gerala, hijo del intendente, y David Edilberto Medina, con la incautación de más de 150 rieles sustraídos del tramo entre Padre Lozano y Coronel Juan Solá.
Los allanamientos, que contaron con la participación de Gendarmería Nacional y agentes de la Dirección General de Aduanas, se realizaron de manera simultánea en varias propiedades del norte salteño. Además de los rieles ferroviarios, se secuestraron grandes cantidades de metales y documentación de relevancia para la causa. La operación forma parte de una investigación que apunta a desarticular una red transnacional de contrabando que tenía como destino final a Bolivia, donde el material era adquirido por plantas de chatarra por aproximadamente 250 dólares la tonelada.
Durante la audiencia, Villalba formuló la imputación contra Gerala y Medina por contrabando de mercadería de importación y exportación, agravado por el número de participantes y el uso de pasos no habilitados, en calidad de coautores. En el caso de Gerala, la imputación incluyó el contrabando de mercadería de exportación en concurso real con robo de rieles en despoblado, en calidad de autor. El juez Gustavo Montoya aceptó estas calificaciones y concedió la prisión preventiva para ambos detenidos, siguiendo las recomendaciones de la fiscalía. También estuvo la auxiliar fiscal Roxana Gual.
Sospechas sobre el intendente de Morillo
Los fiscales remarcaron que, aunque se hayan realizado detenciones, la investigación está lejos de concluir. «Existen fuertes elementos de prueba que apuntan a otros integrantes de esta actividad delictiva, de la cual el intendente de Morillo, Miguel Atta Gerala, podría no ser ajeno», señalaron fuentes judiciales.
Este caso no es el primer escándalo que envuelve al intendente de Rivadavia Banda Norte, quien ha enfrentado varias denuncias de corrupción. Sin embargo, la lentitud de la Justicia provincial ha jugado a su favor en ocasiones anteriores. Ahora, en manos de la Justicia federal, el panorama podría ser diferente y más riguroso.
El operativo sigue a una investigación periodística publicada por El Tribuno en agosto, que expuso un esquema de saqueo y contrabando valuado en $5.000 millones. Aquella investigación reveló que el desmantelamiento del ramal C25, que abarca 105 kilómetros entre Padre Lozano y Morillo, no era un hecho aislado, sino parte de un plan meticulosamente orquestado para robar y exportar rieles y otros metales ferrosos y no ferrosos. Este contrabando se camuflaba bajo la apariencia de una donación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la comunidad wichí de Misión Salim, un mecanismo que otorgaba a los transportistas documentos falsificados con membretes y sellos que aparentaban legalidad.
Allanamientos y secuestro de rieles
Los allanamientos del jueves, además de los rieles ferroviarios, resultaron en el secuestro de más de 150 toneladas de otros metales, productos de corralón, armas, municiones y documentos clave que podrían ampliar el alcance de la investigación. Las propiedades intervenidas incluyeron fincas fronterizas y terrenos cercanos al río Bermejo, lo que refuerza la hipótesis de que el material era trasladado clandestinamente a Bolivia a través de pasos no habilitados.
El operativo también confirmó que los rieles eran removidos utilizando maquinaria y herramientas pertenecientes a las municipalidades, un hecho que, de confirmarse, podría tener implicancias legales para otros jefes comunales. Las primeras pruebas de este tipo de sustracciones habían encendido las alarmas en rutas del norte salteño, pero los controles de seguridad resultaron ineficaces para frenar el flujo constante de contrabando.
Maniobras detrás de la operación ilegal
La documentación que respaldaba la supuesta donación de la AABE incluía una nota firmada por Eduardo Alfonso Albanese, quien ya había dejado su cargo en 2023, lo que levantó sospechas sobre su autenticidad. La firma de Albanese también aparecía en resoluciones y convenios fechados en 2024, cuando él ya no ocupaba el cargo. Este tipo de irregularidades señalaba una estructura de falsificación que buscaba legitimar el contrabando bajo la apariencia de un acto benéfico, con el fin de construir aulas y polideportivos para las comunidades locales, un pretexto que resultó ser una fachada.
Los fiscales recalcaron que el contrabando de rieles y otros metales del ramal C25 representaba un desmantelamiento de infraestructura valuado en más de $3.500 millones solo en rieles, con otras piezas ferroviarias elevando el total a $5.000 millones. Este esquema es comparable a otros episodios de saqueo en la región, como el robo de caños del Gasoducto NEA en 2020, que se llevó a cabo bajo un paraguas legal falso.
Los ramales eran un pilar para la producción
La directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo de Nación, Virginia Cornejo, expresó su satisfacción por los recientes avances en la lucha contra el robo de rieles en los ramales C15 y C25, en el norte de Salta.
Cornejo subrayó a El Tribuno que estas medidas son esenciales para enfrentar una problemática que ha impactado directamente en la capacidad de desarrollo y producción de la región.
Recurso vital bajo amenaza
Cornejo recordó que, aunque estos ramales se encuentran actualmente fuera de funcionamiento, en su momento representaron un pilar fundamental para el transporte de bienes y la creación de oportunidades laborales. «Estas vías de comunicación ferroviaria fueron clave para el desarrollo del norte argentino, y su sustracción ha limitado severamente las alternativas de crecimiento para las comunidades locales», afirmó.
Denuncias y esfuerzos
La funcionaria señaló que la sustracción de rieles no solo dificulta la posibilidad de recuperar una infraestructura estratégica, sino que también pone en riesgo las perspectivas de futuro para la región. «Desde hace tiempo venimos denunciando estos hechos ante la justicia, la policía y otras autoridades con el fin de detener este saqueo y proteger un recurso esencial», manifestó Cornejo, subrayando que el compromiso de las fuerzas de seguridad, la comunidad y el sistema judicial ha sido crucial para los avances recientes.
Desmantelando una red
Cornejo destacó que las investigaciones y operativos actuales han revelado que estos robos no son hechos aislados, sino parte de una red organizada que busca lucrar a expensas del deterioro de la infraestructura pública y del desarrollo local. «Los operativos en curso están permitiendo ver que estos robos forman parte de una red organizada, y no de simples hurtos, lo que demuestra la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos», explicó a este medio.
El futuro de Salta
La directora reafirmó su compromiso de proteger los recursos de la región y garantizar que el norte de Salta cuente con las herramientas necesarias para impulsar su crecimiento económico. «Nuestro compromiso sigue siendo claro: proteger estos recursos y trabajar de manera coordinada con todas las entidades correspondientes para restablecer el orden. Queremos asegurar que, en el futuro, estos ramales puedan volver a ser un eje de comunicación y producción para la región», concluyó Cornejo a El Tribuno.
