Salta en alerta frente al crimen organizado
El plan de un grupo de sicarios para atentar contra el procurador general Pedro García Castiella, detectado en los últimos días, ratifica el progresivo asentamiento del crimen organizado en nuestra provincia. El gobernador Gustavo Sáenz y el procurador informaron sobre el hecho en dos conferencias. Advirtieron también sobre la estrategia del narcotráfico para lograr el control territorial y ganar poder en las administraciones municipales y en el Poder Judicial. Una señal de decisión política para afrontar un problema que se presenta grave y complejo.
El Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la ministra Patricia Bullrich, expresó su solidaridad con García Castiella y la preocupación que genera la aparición de un nuevo foco de violencia criminal en el país, que reproduzca lo que ya ocurre en los grandes centros urbanos de Rosario y el Gran Buenos Aires.
A su vez, la Asociación Argentina de Fiscales emitió un comunicado en el que reclamó seguridad para los fiscales, familiares y colaboradores que desarrollen investigaciones contra el crimen organizado.
Las características de la criminalidad internacional que se expande por el continente empiezan a observarse en Salta.
El centro neurálgico aparece en la zona de Orán, Bermejo y Aguas Blancas, una frontera estratégica para el tránsito de cocaína desde Perú y Bolivia hacia la hidrovía del Paraná. Justamente, el asesinato de César «Oreja» Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, Carlos «Conejo» Martínez, tuvo como derivación el pedido de jury de enjuiciamiento contra un juez de Orán, Claudio Parisi, denunciado por el Ministerio Público. Parisi ya debería haber sido suspendido, por las pruebas que obran en su contra, pero el jury recién fue convocado el martes, después de la conferencia del gobernador y el procurador.
También entre Aguas Blancas y Orán operan sicarios profesionales que responden a jefes de ambos lados de la frontera, vinculados a empresarios y políticos. Se trata de las personas dedicadas a controlar el narcomenudeo, impedir la operatoria de nuevas organizaciones rivales, llevar a cabo mejicaneadas y ejecutar a los que traicionan. Es el caso de Cristian Palavecino, detenido por un asalto el año pasado luego de permanecer cinco años prófugo y con pedido internacional de captura por un homicidio. En su domicilio guardaba, inexplicablemente, fotos y videos que muestran violentos interrogatorios a personas que incumplieron compromisos y el equipamiento de su grupo, con ametralladoras, fusiles FAL, inhibidores, TNT, detonadores con wifi y uniformes.
En los departamentos de Orán y San Martín, el crimen organizado funciona como «un polirrubro», según la definición de García Castiella. Además del tráfico de cocaína con destino a Europa y la distribución local de droga, también practican el robo de cereales con destino al contrabando y un sistema de usura con préstamos a vecinos, que incluye violentas represalias para los que no paguen las cuotas.
De ese modo, en Salta se repite, en menor escala por ahora, el modelo internacional del crimen organizado: control territorial violento, complicidad de policías, magistrados y funcionarios, y asociación con empresarios y financistas que facilitan el transporte y el lavado del dinero.
La provincia enfrenta un problema muy complejo, que amenaza con desbordarse. Desde hace varios años, empiezan a resultar familiares los crímenes protagonizados por sicarios. Según los expertos, es imprescindible la acción coordinada con las fuerzas nacionales de seguridad, la Justicia Federal y los gobiernos. El objetivo y la decisión política deben estar puestos en la desarticulación de las organizaciones, desde la cabeza hasta los pequeños distribuidores, pasando por toda la cadena de complicidades. Además, es importante abordar la dimensión social, es decir, desalentar el consumo y asegurar la posibilidad de acceso al trabajo legal, porque del déficit educativo y del desempleo se nutre la captación de jóvenes para el delito.
