Repercusión de la condena por la estafa de la ADP: “la lucha no termina con la condena penal, el objetivo es recuperar lo invertido en el fideicomiso”
El fallo judicial que condenó a Patricia Argañaraz y Marita Cerezo por estafa ha tenido un impacto profundo en las más de 100 familias damnificadas por el caso. Adriana Sosa, una de las afectadas, expresó su frustración al recordar cómo la promesa de un hogar propio se convirtió en una ilusión rota. Como docente con 31 años de servicio, Adriana fue una de las miles de personas que confiaron en el fideicomiso Virgen de Urkupiña, promovido por el gremio docente ADP. Es que para cumplir con el requisito de participar en el programa, tuvo que vender su auto cero kilómetros y pedir préstamos. Sin embargo, años después, se encontró sin la vivienda prometida y sin los recursos invertidos. “Me quedé sin el auto, sin el sueño de tener mi casa y no me parece justo», expresó en diálogo con El Tribuno.
El fallo judicial que condenó a Patricia Argañaraz y Marita Cerezo por estafa ha tenido un impacto profundo en las más de 100 familias damnificadas por el caso. Adriana Sosa, una de las afectadas, expresó su frustración al recordar cómo la promesa de un hogar propio se convirtió en una ilusión rota. Como docente con 31 años de servicio, Adriana fue una de las miles de personas que confiaron en el fideicomiso Virgen de Urkupiña, promovido por el gremio docente ADP. Es que para cumplir con el requisito de participar en el programa, tuvo que vender su auto cero kilómetros y pedir préstamos. Sin embargo, años después, se encontró sin la vivienda prometida y sin los recursos invertidos. “Me quedé sin el auto, sin el sueño de tener mi casa y no me parece justo», expresó en diálogo con El Tribuno.
El resarcimiento ofrecido hasta ahora de un millón de pesos, es visto como “insuficiente” por los afectados, quienes señalan que esta suma no refleja ni de cerca lo que han perdido. La cantidad de dinero invertida por algunos de los damnificados, como Adriana, ascendió a $150.000 en un momento en que este dinero representaba un gran sacrificio económico.
Otros damnificados como Osvaldo Aparicio, también lamentan que el esfuerzo y el sacrificio por conseguir un hogar propio se hayan visto completamente desvalorizados por la estafa. A pesar de que la condena penal fue un “avance”, los afectados insisten en que el verdadero remedio solo llegará cuando se haga justicia también en el ámbito civil.
Osvaldo Aparicio docente damnificado
Para Aparicio la condena penal representó un paso positivo, sin embargo se sienten insatisfechos porque no todos los responsables fueron procesados ni recibieron penas más severas. Luego opinó que la responsabilidad no solo recae sobre los involucrados directamente en el fideicomiso, sino también sobre la ADP, la entidad gremial que gestionó el programa de viviendas.
“El gremio no se ha hecho cargo de esto. Son los propios docentes los que hemos sido víctimas de esta estafa», expresó.
Para Romani la responsabilidad debe extenderse a la ADP
Eduardo Romani, abogado de 73 familias damnificadas, subrayó que la lucha no termina con la condena penal y aseguró que ahora el objetivo es recuperar el dinero invertido en el fideicomiso, y destacó que la responsabilidad debe extenderse a la ADP, que fue la institución responsable de la administración del programa.
Piden la entrega de un terreno en resarcimiento
En cuanto al resarcimiento, el abogado propuso como mínimo la entrega de un terreno de similares características a los que fueron prometidos inicialmente, aunque reconoció que el monto de dinero que deberían recibir los damnificados es difícil de calcular debido a la devaluación de la moneda y la inflación.
Sin embargo, Romani calculó que el valor de los terrenos de similares características rondaría los 20.000 dólares, lo que eleva el monto que los afectados deben recibir a más de un millón de dólares.
Según los damnificados la situación vivida ha dejado una marca emocional y psicológica profunda en muchos de los afectados. Adriana señaló que hay docentes que incluso fallecieron como consecuencia del estrés y la frustración de haber sido engañados durante tantos años.
En su lucha por justicia, las familias afectadas esperan que más allá de las condenas penales, se logre una solución efectiva que compense tanto el daño económico como el emocional.