Pelea por las tasas municipales: el Gobierno cedió y permitirá el cobro del alumbrado público en las boletas de luz
4 de octubre de 2024
El Gobierno permitirá que las distribuidoras de energía eléctrica puedan cobrar la tasa municipal de alumbrado público dentro de las boletas de luz a cada vecino. Será solo para Edenor y Edesur, que tienen regulación nacional; mientras que cada provincia tendrá la posibilidad de dictar lo mismo para las empresas que operan en sus territorios.
Así, hará una excepción «exclusiva» a la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, mediante la cual La Libertad Avanza emprendió una guerra contra los intendentes que cargan en las facturas eléctricas tasas municipales que nada tienen que ver con el servicio, aprovechando su alta cobrabilidad.
La nueva normativa se publicará la semana que viene en el Boletín Oficial y tendrá ese carácter excepcional y exclusivo para el alumbrado público. Todo el resto de las tasas deberán ser «descolgadas» de los servicios públicos y cobrarse aparte.
Así, el gobierno de Javier Milei, con la ejecución del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, buscan que los intendentes pongan la cara ante sus vecinos por la presión tributaria que les corresponde. La intención es evidenciar que los dirigentes comunales no se ajustan a la baja del gasto público que emprendió la Nación.
Tasas municipales en los servicios públicos
Las tasas de alumbrado público son variables, pero tienen un tope por el contrato de concesión de 6,424%. Los intendentes habían advertido que si Edenor y Edesur no podían cobrarlas directamente a los vecinos en las boletas, las calles del conurbano iban a ser una «boca de lobo», pues sus municipios no tendrían para pagar la energía.
En Villa Gesell, donde la cooperativa hace 5 años que acumula deudas por $ 13.000 millones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) porque no paga la energía, la cobrabilidad de las tasas municipales es del 55%.
Los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales componen cerca del 31% en promedio de las boletas finales, con gran incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) -de carácter nacional- pero también con peso de las contribuciones municipales y el alumbrado público.
Incluso, este año el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, restableció el cobro de un 4% para hogares y 1% para comercios destinado al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia, establecido por el Decreto Ley 7.290/1967, que impacta en todos los usuarios bonaerenses.
Su antecesora, María Eugenia Vidal, había suspendido el cobro de ese impuesto en 2018. Como no tenía mayoría en la Legislatura, lo llevó al 0%.
El Gobierno interpreta que el artículo 3° de las leyes 24.240 de 1993 y 26.361 de 2008, que norman la Defensa del Consumidor, tiene mayor validez jurídica para regular las relaciones de consumidores y proveedores que los contratos de concesión de las empresas de servicios públicos.
Hay quienes, sin embargo y por lo bajo, advierten problemas en la constitucionalidad de la resolución 267, ya que la Nación avanzaría sobre la autonomía de las provincias y municipios.
Alejandro «Topo» Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, dijo que «si el Poder Ejecutivo quiere que la Ley de Defensa del Consumidor diga que ‘en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios, la información deberá referirse única y exclusivamente al bien o servicio contratado’, entonces el Gobierno debería enviar un proyecto al Congreso para modificar la Ley», puesto que hoy no está escrito explícitamente así.