Otro acto de demagogia que le costará a Salta unos 78 millones de dólares

La necesidad de reparar la autopista de 45 kilómetros de acceso a la ciudad de Salta, desde la ruta nacional 34 en Torzalito, Güemes, se sostiene en la magnitud de una urgente inversión para mantener y mejorar la deteriorada infraestructura vial.
“Repavimentar completamente esa calzada costará aproximadamente 78 millones de dólares”, afirmó Gonzalo Macedo, el director de Vialidad de la Provincia, quien retomó la idea de volver al peaje y afrontar la inversión que se necesita para recuperar con cierta urgencia la transitada vía, en momentos en que la minería busca la salida de toda su producción.
La construcción de la moderna ruta de cuatro carriles, con iluminación total, señalética horizontal, banquinas, parquizado central, sistemas de retornos y columnas SOS, concesionada en 1999 por Juan Carlos Romero, había puesto fin a años de demoras, inseguridad y tragedias viales en ese tramo de acceso la ciudad capital.
Desde ese año, la empresa Aunor se hizo cargo de la autopista, la construyó, la mantuvo y la refaccionó. No obstante, lo invertido en aquel momento, nunca fue recuperado y en 2014, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, haciendo oídos sordos a los pedidos de readecuación tarifaria, decidió quitarle la concesión y eliminar el cobro del peaje. Hasta ese momento un vehículo categoría I abonaba $2,50. Esa tarifa se mantenía desde el año 2005.
“El tema es conocido, no se recuperó la inversión y no se actualizaron las tarifas, lo que pedimos siempre”, le había dicho a El Tribuno, el subgerente de Aunor, Rodolfo Castillo con un profundo sentido de pérdida e impotencia.
Del otro lado, Urtubey, alentado por los aires populistas de entonces y haciendo gala de su pertenencia kirchnerista, anunciaba el levantamiento del peaje como una reivindicación social. Junto a sus funcionarios, convocó a una conferencia de prensa para atacar a la firma que durante tantos años había invertido y generado fuentes de trabajo. “La empresa lo único que hacía, aparte de cobrar el peaje, era cortar el pasto al costado de la ruta y no se hacía absolutamente nada más porque no le daban los recursos”, sostuvo mientras las cabezas cómplices de sus funcionarios asentían sin remordimientos.
Pero en realidad la medida no solo ocultaba un nefasto objetivo proselitista, sino que además pretendía congraciarse completamente con un modelo que había impuesto la idea del “todo es gratis” para el Estado. En efecto, ante la caída de la imagen política, los anuncios populistas fueron la moneda más corriente del gobierno provincial de aquel entonces.
Días anteriores Juan Manuel Urtubey otorgaba el boleto gratuito para el transporte público de pasajeros. Antes había retirado las concesiones al Hospital Materno Infantil, al agua potable, las cloacas y los juegos de azar (esta última jugada también le costó a la provincia una millonaria multa en dólares).
El “todo gratis” de Urtubey hoy tiene sus consecuencias y alguien tendrá que pagar. La autopista Salta Güemes es solo un ejemplo.

La necesidad de reparar la autopista de 45 kilómetros de acceso a la ciudad de Salta, desde la ruta nacional 34 en Torzalito, Güemes, se sostiene en la magnitud de una urgente inversión para mantener y mejorar la deteriorada infraestructura vial.
“Repavimentar completamente esa calzada costará aproximadamente 78 millones de dólares”, afirmó Gonzalo Macedo, el director de Vialidad de la Provincia, quien retomó la idea de volver al peaje y afrontar la inversión que se necesita para recuperar con cierta urgencia la transitada vía, en momentos en que la minería busca la salida de toda su producción.
La construcción de la moderna ruta de cuatro carriles, con iluminación total, señalética horizontal, banquinas, parquizado central, sistemas de retornos y columnas SOS, concesionada en 1999 por Juan Carlos Romero, había puesto fin a años de demoras, inseguridad y tragedias viales en ese tramo de acceso la ciudad capital.
Desde ese año, la empresa Aunor se hizo cargo de la autopista, la construyó, la mantuvo y la refaccionó. No obstante, lo invertido en aquel momento, nunca fue recuperado y en 2014, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, haciendo oídos sordos a los pedidos de readecuación tarifaria, decidió quitarle la concesión y eliminar el cobro del peaje. Hasta ese momento un vehículo categoría I abonaba $2,50. Esa tarifa se mantenía desde el año 2005.
“El tema es conocido, no se recuperó la inversión y no se actualizaron las tarifas, lo que pedimos siempre”, le había dicho a El Tribuno, el subgerente de Aunor, Rodolfo Castillo con un profundo sentido de pérdida e impotencia.
Del otro lado, Urtubey, alentado por los aires populistas de entonces y haciendo gala de su pertenencia kirchnerista, anunciaba el levantamiento del peaje como una reivindicación social. Junto a sus funcionarios, convocó a una conferencia de prensa para atacar a la firma que durante tantos años había invertido y generado fuentes de trabajo. “La empresa lo único que hacía, aparte de cobrar el peaje, era cortar el pasto al costado de la ruta y no se hacía absolutamente nada más porque no le daban los recursos”, sostuvo mientras las cabezas cómplices de sus funcionarios asentían sin remordimientos.
Pero en realidad la medida no solo ocultaba un nefasto objetivo proselitista, sino que además pretendía congraciarse completamente con un modelo que había impuesto la idea del “todo es gratis” para el Estado. En efecto, ante la caída de la imagen política, los anuncios populistas fueron la moneda más corriente del gobierno provincial de aquel entonces.
Días anteriores Juan Manuel Urtubey otorgaba el boleto gratuito para el transporte público de pasajeros. Antes había retirado las concesiones al Hospital Materno Infantil, al agua potable, las cloacas y los juegos de azar (esta última jugada también le costó a la provincia una millonaria multa en dólares).
El “todo gratis” de Urtubey hoy tiene sus consecuencias y alguien tendrá que pagar. La autopista Salta Güemes es solo un ejemplo.