Las Lajitas: vecinos en vigilia para evitar el desalojo de una familia vulnerable
Vecinos de Las Lajitas, que el pasado lunes 26 se plantaron contra el injusto desalojo de una familia vulnerable, llevan seis días de vigila, resueltos a evitar que se insista nuevamente en el lanzamiento del grupo familiar integrado por una sexagenaria, una hija con discapacidad mental y otra que es madre sola de una nena de 8 años y un niño de 11.
A comienzos de la semana una treintena de efectivos policiales intentaron desalojarlos por orden de la jueza civil Patricia Rahmer. La enérgica reacción popular, detonada por los escandalosos ribetes del juicio sumarísimo, fue la que frustró el lanzamiento, a pesar de que ese mismo lunes, Mariano Sitelli, abogado que asiste a la familia encabezada por Felisa Dávila, de 70 años, había sido notificado de una medida cautelar del juez de garantías de la jurisdicción, Héctor Sebastián Guzmán, quien ordenó que el actor del juicio de desalojo, Rubén Apolo Fernández, «copartícipes o terceras personas en su nombre se abstengan de realizar cualquier acto que implique modificación material o jurídica del inmueble y se mantenga el status quo existente a la fecha de notificación de la presente».
El juez penal emitió esa orden ante una acción autónoma de nulidad y de revocación de cosa juzgada írrita que expuso graves vulneraciones de derechos y garantías, en especial de la hija de Dávila con discapacidad y sus nietos, quienes en el juicio sumarísimo no contaron con la asistencia de una asesora de menores e incapaces como imponen la Constitución y los tratados internacionales que incorporó. Felisa Dávila y su hija Paola Lorena Agüero, quienes compraron de buena fe en 1987 el lote que hoy habita la familia fueron deficientemente representadas en el juicio por el defensor oficial Virgilio Varela, cuyo desempeño fue criticado por la propia jueza el martes 27, en declaraciones periodísticas.
En esa entrevista con Radio Uno, la magistrada cargó las tintas sobre Varela. Dijo que el defensor oficial no presentó en tiempo y forma los boletos de compraventa que habrían permitido a Felisa Dávila y su hija Paola Lorena Agüero demostrar sus legítimos derechos sobre la vivienda. La jueza manifestó que recién después de que dictara la sentencia y la Cámara la confirmara, el abogado que asumió la defensa en mayo último presentó la documentación respaldatoria. Rahmer también dijo desconocer que en el grupo familiar había una persona con discapacidad y dos niños, un afirmación que Sitelli rebatió con constancias del propio expediente en la acción de nulidad. Ese escrito, acompañado con una recusación que terminó con la jueza apartada, tampoco dejó dudas de que la asesora de menores e incapaces María Sensano Poma recién fue llamada a emitir un dictamen cuando el juicio iniciado en 2022 ya tenía sentencias en dos instancias (cosa juzgada). «Es la propia magistrada quien pretende desconocer el alcance de la prohibición de innovar», recalcó Sitelli. Es que en aquella entrevista, Rahmer interpretó que la cautelar dictada por el juez Guzmán prohibiría modificar la situación de hecho y derecho (el statu quo) recién una vez que la familia estuviera desalojada y el actor del juicio, en posesión de la vivienda. «Esa interpretación es incongruente frente a lo que expresa, textualmente, la medida que ordenó el juez», afirmó el abogado de la familia.
Legítimas poseedoras
Un boleto de compraventa certificado por la escribana Carolina Calvo García prueba que Felisa Dávila y su hija Paola Agüero compraron en 1987 el terreno donde construyeron la vivienda de la que la Justicia de Anta quiere desalojar a su grupo familiar. Adquirieron ese lote a Manuel Herrera, a quien, según otro boleto, Apolo Fernández, el actor del juicio de desalojo, se lo vendió en 1985.
Solicitan al juez Guzmán que haga cumplir la cautelar
El abogado que asiste a Felisa Dávila y Paola Lorena Agüero en Las Lajitas, Mariano Sitelli, ingresó en los últimos días a la Justicia de Anta dos escritos. En uno le solicitó al juez Héctor Sebastián Guzmán que haga cumplir la medida cautelar que dictó el pasado 23 de agosto en el marco de la acción autónoma de nulidad y revocación de cosa juzgada en la que entiende desde mayo último. El letrado recordó que la prohibición de innovar -como lo expresan los propios considerandos de la cautelar que dictó el magistrado- está «fundada en el daño material irreversible que se les inflingiría a sus clientas, pero principalmente a sus hijos y personas con discapacidad, como consecuencia de la injusta decisión de desalojarlos». Sitelli también solicitó al juez Guzmán que corra vista la Fiscalía Penal de la jurisdicción en el entendimiento de que el actor del juicio de desalojo «habría estafado a la Administración de Justicia (estafa procesal) al engañarla para que falle a su favor, con lo cual, además, estaría intentando defraudar a mis clientas arrebatándoles, con el auxilio de la Justicia, el inmueble que ellas compraron de buena fe en 1987 al señor Manuel Herrera, que fue la persona a quien Apolo Fernández se lo vendió en 1985».
Felisa Dávila con parte de su grupo familiar.
Por otra parte, el abogado acompañó al juez Guzmán la cédula que recibió de la cautelar el lunes 26, con los proyectos de oficio dirigidos al juez de paz de Las Lajitas para que proceda a cumplir con las notificaciones a Fernández en su domicilio y a la Dirección General de Inmuebles.
Mientras tanto, en la convulsionada comunidad de Las Lajitas, vecinos siguen sumando firmas para pedir una intervención de la Corte de Justicia de Salta.
