La posición del juez de Orán, Claudio Parisi, es insostenible
Mientras avanzan dos pedidos de juicio contra el juez de Orán, Claudio Parisi por posibles coimas, en casos vinculados con drogas y bandas mafiosas del norte provincial, su permanencia como funcionario de la Justicia salteña a esta altura se hace insostenible. O más bien inexplicable. Aún así, hasta ahora no fue separado de su cargo, por lo menos hasta que se aclare su situación. Lejos de esto, sigue a pleno en sus funciones.
El último requerimiento de juicio contra el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Orán fue dado a conocer el viernes pasado por el equipo especial de fiscales que se armó en la Procuración de la Provincia ante la gravedad de las denuncias contra Parisi.
En ese caso, se lo acusa de recibir dinero (cohecho) para beneficiar a una mujer involucrada en la venta de drogas. También, por el mismo delito, se denunció a una sobrina suya, la sargento Mariana Castellanos, quien, según la acusación, supuestamente hacía de intermediaria para recolectar el soborno. Esa policía está detenida desde el año pasado por otra causa.
El otro pedido de elevación a juicio contra Parisi, de parte de la misma unidad fiscal, fue presentado hace un mes. Se lo imputa de recibir dinero a cambio de otorgar arresto domiciliario a un detenido en la causa del robo multimillonaria a la empresa Abra del Sol, en la que hay varios detenidos e implicados en violentos crímenes mafiosos en la frontera. En el expediente judicial se encuentran involucrados, además, el secretario letrado del juez oranense y otro abogado salteño.
Escándalo
Según explicaron fuentes judiciales a El Tribuno, si es que se acepta la elevación a juicio de las causas contra Parisi, corresponde el inmediato jury contra el magistrado.
Las pruebas contra el juez de garantías de Orán surgen a partir de la investigación de comunicaciones telefónicas de los involucrados en diferentes hechos delictivos.
Sobre el caso que involucra a su sobrina, la sargento Mariana Castellanos, el celular de la misma fue analizado en medio de una investigación que se realizaba contra policías pertenecientes al grupo Sinar 23 de Orán. En el aparato se encontraron diálogos entre Castellanos y una imputada por tráfico de drogas, llamada Beatriz Leniz. En el intercambio entre ambas se acuerda la concesión de beneficios procesales a cambio de dinero para el juez de Garantías a cargo de la causa (Parisi). Le pedía 400 mil pesos.
Castellanos no sólo integraba la División policial que debía investigar a Leniz, sino que además actuaba como intermediaria con el magistrado que actuaba como juez de Garantías, para evitar que las actuaciones llegaran a la etapa del debate y que la acusada mantuviera el arresto domiciliario.
Un sistema
El mismo modus operandi, aunque con otros intermediarios, se observa en la otra acusación contra el juez Parisi, relacionado con el robo a Abra del Sol.
La unidad fiscal sostiene que el turbio magistrado habría acordado recibir sobornos a través de su secretario letrado, Maximiliano Correa, por parte del abogado penalista Roberto Ortega Serrano. «Esto con el fin de dictar una sentencia que beneficiara con arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, quien se encontraba privado de la libertad por disposición del propio juez Parisi en un expediente judicial relacionado con un robo a la empresa Abra del Sol», explican en la causa.
El 29 de septiembre de 2023, el procurador general, Pedro García Castiella, creo la unidad especial para investigar al juez de garantías Claudio Parisi. La integran los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murúa y Carlos Alberto Salinas.
Las evidencias se recolectaron de intercambios de mensajes de celular entre el abogado Serrano y del hermano de Ruiz, en los que el letrado manifiesta que obtendría la detención domiciliaria, a cambio de un pago en dólares, al que se refería como un «pasamanos» o «entradas».
Asalto millonario
La causa que se tramita por el robo a la empresa Abra de Sol, en la que Parisi habría concedido el arresto domiciliario a cambio de una suma de dinero, tiene actualmente detenidos, entre otros imputados, a José Dimas Ruiz, gerente de la empresa y ex candidato a Intendente de Orán, Matías Malissia, Marcelino Cruz y Cristian Gabriel Palavecino, acusados por robo doblemente agravado en poblado y en banda y por el uso de armas de fuego, privación ilegítima de la libertad, lesiones y asociación ilícita. El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2022, cuando un grupo de entre 8 y 10 personas, con los rostros cubiertos, ingresaron a la sede de la empresa con armas de fuego y redujeron a los empleados que se encontraban en el lugar para robar la suma de 13 millones de pesos y 130 mil dólares.
