La motosierra pasó por las empresas públicas: el Tesoro les recortó las transferencias y bajaron casi 50% sus pérdidas
La lista de las empresas públicas que podrían ingresar a un proceso de privatizaciones está en permanente discusión. Al inicio de este Gobierno la lista incluía a todas, previa transformación en sociedades anónimas, pero por presiones del Congreso y en el contexto del debate de la Ley Bases, se acortó significativamente. Aunque el Poder Ejecutivo insinuó que buscará ampliarla nuevamente.
Mientras esa discusión sigue abierta, hay datos certeros que van al corazón de las cifras de estas empresas. La motosierra pasó por cada rincón del Estado empresario. Los números son elocuentes. Las cifras oficiales correspondientes al primer trimestre del año, elaboradas por la Secretaría de Hacienda, dicen esto:
- El conjunto de empresas públicas no financieras recibió en el primer trimestre de 2024 transferencias por $ 520.805 millones, equivalentes a 625 millones de dólares tomando en cuenta el tipo de cambio oficial promedio ($ 833) de los primeros tres meses de 2024.
- En 2023, estas empresas habían recibido en el primer trimestre de ese año $ 303.869, unos 1.574 millones de dólares usando el mismo cálculo pero con un dólar oficial de $ 193. Es decir, que las transferencias se redujeron en un 61% en dólares.
- El tajante recorte de gastos en este renglón del gasto público nacional tuvo un impacto directo en las empresas: su déficit operativo -la diferencia entre lo que facturan por su actividad y lo que gastan para mantenerse activas- se achicó también sensiblemente. Bajó 45%, de un rojo operativo de US$ 1.126 millones en el primer trimestre de 2023 a los US$ 617 millones en igual período de 2024.
Desde ya que la tendencia ajustadora continúa. En su informe de ejecución presupuestaria correspondiente a mayo, la Oficina de Presupuesto del Congreso señala que las transferencias a empresas públicas cayeron 63,8% en relación a mayo de 2023 en términos reales. “En el caso de empresas públicas se destacan las disminuciones en las transferencias a Enarsa (-46,7% año contra año en términos reales) y a AYSA, (-58,3%)”
Como viene informando Clarín, el grueso del déficit de las empresas públicas se explica por un puñado de ellas y por la política de subsidios a mansalva que aplicaron durante años los gobiernos kirchneristas y que intentó ser revertida durante el Gobierno de Macri -2016-2019- y ahora, de manera más decidida, por el gobierno de Milei.
En 2023 el déficit operativo de las 33 empresas públicas no financieras arrojaron un saldo negativo de $ 1,6 billones de pesos, que al tipo de cambio oficial promedio de 2023 ($ 295,21) equivale a US$ 5.440 millones de dólares.
Hoy como ayer, las principales responsables del déficit del Estado empresario son Enarsa por la comercialización en el mercado interno de la energía que compra en el exterior; los trenes y sus tarifas hipersubsidiadas; Aerolíneas Argentinas y Aysa. En otras palabras, energía, transporte y servicios públicos.
Para el caso de Enarsa, la empresa ha logrado reducir su déficit operativo en un 40% fruto del recorte de subsidios, el ahorro en los costos de importación de energía y la puesta en marcha -parcial todavía- del gasoducto Néstor Kirchner. Pasó de un rojo de 447 millones de dólares a otro de US$ 262 millones. Igual se lleva más del 50% de las transferencias totales realizadas por el Tesoro en el primer trimestre del año
El holding ferroviario (trenes de pasajeros, más su empresa de recursos humanos) bajaron su rojo operativo de 300 a 161 millones de dólares, sobre todo por el aumento de tarifas que está aplicando este gobierno. Los trenes son aún los principales empleadores del país: pagan cerca de 32.000 salarios todos los meses.
Un caso particular es Aerolíneas Argentinas. Este año todavía no recibió un solo peso del Tesoro. Pero su déficit operativo, según los números de Hacienda, subió de 131 a 138 millones de dólares. Sin embargo, este número puede ser engañoso
Clarín informó días atrás qué pasa en la empresa. “Según datos oficiales, el año pasado Aerolíneas tuvo una pérdida operativa equivalente a casi 400 millones de dólares, pese a lo cual casi no le pidió fondos al Tesoro para continuar funcionando. La compañía casi no recibió transferencias del Estado durante 2023 porque, con la venta de pasajes en el exterior y en dólares billete, Aerolíneas transformaba esos ingresos en moneda extranjera a pesos al tipo de cambio MEP mientras que liquidaba gastos en dólares al tipo de cambio oficial, con una brecha de más del 100%», señalaron fuentes oficiales a fines de mayo de este año, cuando fue aprobado el balance 2023 de la línea aérea”.
Ese esquema donde hace jugar la brecha cambiaria a su favor se convirtió en una inapreciable ayuda para la aerolínea de bandera.
Fuentes oficiales añadieron esta semana, ante una consulta de Clarín: “Aerolíneas no va a pedir nada de transferencias por fuera de lo que necesite para llevar adelante el plan de racionalización. Esto es, reducción de personal, eliminación de rutas improductivas, eficientización del gasto de rampa y handling. Según estimaciones de la empresa, desde julio no va a solicitar nada de transferencias del Tesoro.”
Al respecto, se comentó esta semana que la empresa podría recibir unos $ 50.000 millones justamente para financiar el ajuste de la compañía. Aerolíneas acusaba 11.868 al 31 de marzo de 2023. Un año después esa cifra había caído a 11.809, es decir 59 empleados menos.
En ese contexto, en el Gobierno no creen que la empresa, que ya cerró algunas rutas internacionales, corra el peligro de asfixia financiera.
Hablando de Aerolíneas y de las empresas públicas en general, en el Gobierno subrayan: “Las empresas están en un proceso de ajuste, como toda la sociedad argentina. De hecho, las principales empresas por nivel de transferencias que recibían hasta 2023, hoy prácticamente se sostienen con sus recursos o hacia finales de año van a estar en esa situación”
No obstante, hay un puñado de empresas que tienen números positivos: son Intea (controlada por el INTA); la minera Yacimiento minero Agua de Dionisio; la compañía de tecnología aeroespacial VENG, los astilleros Tandanor y Nucleoeléctrica Argentina, que opera las centrales nucleares.
Dato final: En un año, la dotación de personal de todas estas empresas bajó en 2.193 puestos, de 92.488 a 90.295 empleados.