La Legislatura porteña aprobó la Ley de Reiterancia: ¿fin de la puerta giratoria?

Tal como estaba previsto que sucediera, este jueves la Legislatura porteña votó a favor de la Ley de Reiterancia promovida por el Ejecutivo. Básicamente, la ley modifica el Código Procesal Penal local e incorpora la reiterancia como causal de prisión preventiva; es decir, que quien vuelve a cometer un delito, esperará su proceso penal preso.

Votaron 57 legisladores: 36 positivos y 21 negativos, sin abstenciones.

Por un lado, fue una de las promesas de campaña del actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien además mencionó este tema en el discurso inaugural de sesiones legislativas, en marzo; por otro lado, se da en el marco de diversos hechos de inseguridad llevados a cabo por delincuentes que reinciden. Recientemente fue el caso del robo a un centro estético de Palermo: uno de los ladrones tenía cinco ingresos a comisarías porteñas desde 2019.

De todos modos, los cambios aplican a los delitos que se juzgan en la Ciudad: entre otros, tenencia y portación de armas de uso civil, lesiones en riña, abandono de persona, violación de domicilio, usurpación, omisión de auxilio, atentado y resistencia a la autoridad, grooming, picadas de aut o abuso sexual. La reincidencia aplica para cualquiera de estos delitos, no necesariamente dos veces el mismo.

Inés Parry (UCR / Evolución, presidenta de la comisión de Justicia) y dijo en su intervención que «esta es una ley que aspira a ser una una herramienta más para el complejo sistema de justicia y seguridad. Es difícil que por si sola la ley sirva para resolver de la noche a la mañana el problema de la puerta giratoria. Pero está claro que el que delinque tiene que ir preso, ese es un punto de acuerdo de todos hoy. De los 10 artículos del proyecto original quedaron 5. Porque hemos trabajado mucho para respetar la constitucionalidad. Esto viene a mitigar en parte la inseguridad, pero esa situación se mejorará de verdad cuando empecemos a tener pleno empleo, y cuando el país se ponga en marcha».

«Me comprometí a terminar con la puerta giratoria y hoy dimos un paso fundamental», dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Por su parte, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, que impulsó el proyecto, declaró: «Cerca de la mitad de los delitos denunciados en la Ciudad son cometidos por delincuentes reincidentes. Con la incorporación de la figura de reiterancia, vamos a darle a los jueces una importante herramienta: delincuente que reincide, delincuente que espera el juicio preso».

«Celebro que en la Ciudad ahora la Justicia tenga más herramientas para hacer cumplir la ley y que el que las hace, sepa que las va a pagar», dijo Pilar Ramírez de La Libertad Avanza.

Desde la oposición criticaron la ley por «inconstitucional», «mamarracho», «anuncio vacío». «Medida cosmética» y «gran farsa», sintetizaron Cele Fierro y Claudia Neira (del MST Frente de Izquierda y Unión por la Patria).

Graciana Peñafort (Unión por la Patria) consideró que «esta ley vulnera el principio de inocencia». E hizo foco en un tema procesal: «Los jueces ya consideran la reiterancia, entonces esta ley es demagogia punitiva, le hace creer al vecino que deteniendo gente va a garantizar la seguridad», dijo Peñafort. Y se preguntó «adónde van a detener a las personas».

Así apuntó a uno de los graves problemas de seguridad que tiene la Ciudad: la fuga de presos alojados en las comisarias porteñas. Aunque la jurisdicción tiene capacidad para alojar a 1.041, actualmente tiene casi 2.000 detenidos. Desde que asumió la gestión de Jorge Macri la cifra creció en torno al 14%. La profundización de la política criminal enfocada en las detenciones y la falta de infraestructura chocan en un escenario de sobrepoblación y falta de cupos en penales federales, ya que incluso hay presos con condena firme que demoran en ser trasladados a cárceles. Así, para custodiar a esos presos hay 1.500 policías porteños, casi el 10% de los 19 mil que están destinados «al cuidado de los vecinos». Algo así como dos policías cada tres presos en la Ciudad no alcanzan para evitar las fugas.

La ley exceptúa la reiterancia de hechos relacionados con la libertad de expresión, a manifestarse o peticionar frente a las autoridades, siempre que no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad. Sin embargo, es uno de los puntos más polémicos para la oposición, que consideró que esta ley busca encarcelar a quienes se manifiestan.

Alejandrina Barry (PTS FIT) advirtió que «buscan perseguir a los manifestantes, quieren pasar de procesarlos a meterlos presos. Porque si bien dicen que la reiterancia no está contemplada para las personas que manifiestan, les agregarán la figura de daños y se la utilizará para meterlos presos», evaluó la legisladora. Gabriel Solano (Frente de Izquierda Partido Obrero) dijo: «Lo que buscan es criminalizar y penar la protesta social, es un objetivo deliberado».

Por otra parte, se incorpora la obligación de los tribunales de comunicar las sentencias condenatorias a la Dirección Nacional de Migraciones, cuando se trate de personas extranjeras.

Además, se podrán realizar allanamientos de urgencia, sin orden judicial previa en casos puntuales, como incendios o explosiones.

Lo que generó mucha discusión y polémica entre los legisladores es que además, en este punto, los cambios habilitan a la policía y a las fuerzas de seguridad a allanar también sin orden judicial en otras situaciones de emergencias, como la presencia de un imputado en el lugar o indicios «manifiestos» de comisión de un delito.

También cuando se denuncie en forma verosímil que «una o más personas extrañas han sido vistas mientras se introducen en una casa o local, con indicios manifiestos de comisión de un delito», según especifica el texto de la ley. O cuando se tenga «sospechas fundadas de que un niño, niña o adolescente se encuentra en una casa o local y corra peligro inminente su vida o integridad física».

Por otra parte se detallaron criterios que se deben evaluar para determinar el «peligro de fuga»: arraigo al país, magnitud de la pena esperada, el comportamiento del imputado durante el proceso, y la reiteración.

Sergio Siciliano (Vamos por Más) consideró que «una ley por si sola no mejora la seguridad, ayuda, aporta herramientas, por eso tiene que ir acompañada de inversión. El tema de la seguridad siempre es un juego de suma cero: o ganan los delincuentes o ganan los vecinos. ¿Queremos que estén sueltas personas con condena, que hayan reiterado delitos diversos?».

Previamente al tratamiento en el recinto, diferentes asociaciones de la sociedad civil plantearon preocupaciones. Por un lado porque podría implicar el uso desmedido de la prisión preventiva pero además porque generaría más presión sobre la situación crítica que atraviesan los centros de detención de la Ciudad.

A esto se suma el efecto que podría provocar a nivel nacional, ya que existe en el Congreso un proyecto de reforma del Código Penal nacional que, entre otras cosas, busca introducir la misma figura.