La Ciudad retoma la ampliación de una cárcel: ¿se acerca el cierre del penal de Devoto?

Es una obra pendiente que permitiría a la vez cumplir un viejo reclamo vecinal y responder a una urgencia. Y después de cuatro años frenada, empezó a desperezarse. El Gobierno porteño lanzó esta semana el llamado a licitación para retomar la ampliación del penal federal de Marcos Paz. La idea es llevar allí a los detenidos de la cárcel de Devoto para poder cerrarla, como pide el barrio desde hace décadas. Pero también la aprovecharán para una cuestión más sensible: desagotar las comisarías porteñas, hoy rebalsadas de presos.

El llamado a licitación N° 45 del Ministerio de Infraestructura fue publicado esta semana en el Boletín Oficial y plantea que la apertura de los sobres con las ofertas será el 8 de noviembre. Según le dijeron a Clarín fuentes de ese organismo, «la idea es arrancar la obra en enero y terminarla en diciembre del año que viene». La Ciudad invertiría unos 70 millones de dólares.

Se trata de un terreno de 120 hectáreas donde levantarían cuatro módulos. En total, alojaría a 2.240 presos.

Se trata de un proyecto anunciado en 2018, tras un convenio firmado por la Ciudad y la Nación, que entonces gobernaban Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, respectivamente. La intención fue que la Ciudad financiara esa construcción en Marcos Paz para trasladar allí a los cerca de 1.800 presos que tiene el penal de Devoto, la última cárcel que queda en la Capital Federal.

Una vez liberado Devoto, el proyecto consistía en demoler la histórica cárcel e integrar sus 46.380 metros cuadrados de superficie al barrio: el 35% se subastaría para inversiones inmobiliarias privadas y el 65% se destinaría a aperturas de calles y la instalación de veredas y espacios verdes.

Se iba a cumplir así con el histórico reclamo de los vecinos de Devoto, que desde hace décadas quieren que la cárcel desaparezca, por el impacto negativo que provoca en el barrio.

Las obras en Marcos Paz comenzaron en mayo de 2019, pero al año siguiente empezaron los problemas. Con la pandemia, el Servicio Penitenciario Federal rechazó el ingreso de más presos a Devoto, como ocurría históricamente, por el riesgo sanitario. Además, desde el Gobierno de Alberto Fernández planteaban que esos detenidos debían ser alojados por Ciudad y no por la Nación. A esto se sumó la decisión unilateral de la Nación de recortar la coparticipación federal a la Ciudad. Con estos temas en la mesa, el Gobierno porteño cortó la financiación de la obra.

El proyecto quedó paralizado por completo. El argumento de la administración porteña era que no iba a invertir más dinero sin antes asegurarse que esos nuevos módulos iban a servir para alojar a presos «porteños» y no de otros distritos.

En el medio pasaron cosas. Más allá de la pandemia, el Servicio Penitenciario Federal dejó de recibir presos de las comisarías porteñas, que así se fueron llenando. Hoy alojan a más de 2.200, el doble de lo que debería haber, en condiciones de hacinamiento. No en vano en el último año se repitieron los motines y fugas en las seccionales de varios barrios.

Hay que sumar un tema a esta historia: a diferencia de todas las provincias, la Ciudad de Buenos Aires no tiene cárceles propias ni un servicio penitenciario, porque de hecho no maneja el fuero penal, que sigue siendo nacional. Solo fueron transferidos a la justicia local algunos delitos, los más leves, y ciertamente no los dos más comunes como robos y hurtos, los que producen más detenidos. Esto es una deuda de la nunca completada autonomía de la Ciudad, una discusión que ya tiene más de 30 años. Por eso fue que durante todos estos años se instrumentaron distintos convenios para que los presos de las comisarías fueran alojados por el Servicio Penitenciario Federal.

Si bien con la llegada de Milei a la Rosada y Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad nacional se retomaron los traslados a las cárceles federales, la situación en las comisarías sigue siendo muy crítica. «Cada semana se llevan a 90 personas, pero nuestra policía detiene a 120», contó una fuente del Gobierno porteño.

Por eso es que la ampliación de Marcos Paz tendría un doble fin. ¿Liberar Devoto? «Sí, pero también enviaremos allí a presos de las comisarías«, afirmó la misma fuente de la Ciudad.

A la par, el Gobierno porteño buscará ganar tiempo con otras medidas. Una es la construcción de una alcaidía en Villa Soldati, donde planea alojar a unos 720 presos. Quedaría en el límite sur de la Ciudad, sobre la avenida 27 de Febrero, que es la que corre paralela al Riachuelo, en su cruce con la avenida Cámpora.

El otro plan es más polémico, aunque ya está en marcha. Se trata de la instalación de contenedores para alojar presos, como módulos provisorios que suplementen a los calabozos. La Ciudad anunció que los instalará en la Comisaría Comunal 12 de Saavedra, la 15 de Chacarita, y la 4D de Barracas. Los vecinos de esos barrios ya se manifestaron en contra.