Intervenciones municipales, con escasos resultados en la Justicia
Mientras avanza la elaboración de la ley para la intervención a la Municipalidad de Morillo, la nómina de las comunas intervenidas por el Gobierno provincial se amplía, al igual que la cantidad de intendentes imputados por la Justicia y sospechados por su accionar político.
La detención domiciliaria de Atta Gerala, en Morillo, es una nueva página en la historia de los intendentes que resultaron imputados y luego destituidos de sus cargos, aunque en la mayoría de los casos y tras el impacto mediático de la intervención, quedaron detrás de una cortina burocrática sin resolución en la Justicia.
En Salvador Mazza
Hace tres años y un mes atrás (el 13 de octubre de 2021) el movimiento siempre intenso de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, que mediante el puente internacional se conecta con su par boliviana, San josé de Pocitos, se vio alterado cuando una decena de móviles de fuerzas de seguridad, con más de 40 uniformados y funcionarios del MInisterio Público Fiscal, literalmente rodeaban la manzana de las calles San Martín y Balcarce allanando las oficinas del municipio de la localidad fronteriza e impidiendo la entrada y la salida de todo el personal.
Otro grupo de efectivos, de manera simultánea, se dirigía hacia la vivienda particular del entonces intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, mientras un tercer y un cuarto grupo hacían lo propio en las viviendas de una ex pareja, de un hijo y de un hermano del jefe comunal.
El hermetismo era total, pero semejante movimiento en una localidad estigmatizada por el tráfico de sustancias prohibidas y tantos delitos conexos, no pasó desapercibido y en cuestión de horas comenzaron a trascender imágenes y videos. En una de ellas se veía al entonces intendente Rubén Méndez, sentado en cuclillas en frente a la caja fuerte de su vivienda, retirando fajos de billetes, rodeado de efectivos policiales. A las horas se conoció que lo incautado superaba los 750 mil dólares estadounidenses -unos 900 millones actuales de pesos argentinos- un fajo con euros, otro con billetes bolivianos, entre otras monedas. De la caja fuerte se retiraron también varios kilos de joyas de oro, en tanto de las viviendas de Méndez- 3 solo en Salvador Mazza- se secuestraban varios vehículos importados de alta gama.
La unidad investigativa fiscal -con el paso de más de un año y medio- determinó que Méndez nunca pudo justificar ni el dinero, ni sus bienes y que los mismos pertenecen a la comunidad de Salvador Mazza, la localidad de frontera donde los comerciantes abonan de manera anticipada el impuesto a las actividades económicas antes de ingresar en el puesto de control denominado VOVE, sobre la ruta nacional 34 lo que implica sumas millonarias que se recaudan día tras día, aún los fines de semana y de los cuales hay pocos registros.
Méndez fue imputado con otras 8 personas y a pesar de la espectacularidad del procedimiento, de los millonarios bienes y dinero incautados y de los diversos delitos que la unidad fiscal le imputó, no estuvo ni un solo minuto detenido, ni él ni ninguno de los imputados, -familiares y ex funcionarios-. A mediados de este año la causa fue elevada a juicio por la unidad fiscal investigativa, pero la Justicia aún no le puso fecha a las audiencias orales y públicas. En todos estos años Méndez y todos los imputados siguieron haciendo sus vidas de manera normal, todos volcados a la actividad comercial con Bolivia, paso internacional donde impera el contrabando de uno y de otro lado de la frontera.