Impulsan proyecto de ley para detectar consumo de drogas en funcionarios públicos: deberán hacerse rinoscopias y análisis de sangre
En una iniciativa destinada a reforzar la transparencia y la ética en la administración pública, el diputado Juan Esteban Romero presentó ante la Legislatura de la Provincia de Salta un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de controles antidroga para los funcionarios políticos. La medida, de aprobarse, abarcará a integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, desde el Gobernador hasta subsecretarios y legisladores provinciales, además de miembros de la Policía hasta el rango de subcomisarios.
En una iniciativa destinada a reforzar la transparencia y la ética en la administración pública, el diputado Juan Esteban Romero presentó ante la Legislatura de la Provincia de Salta un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de controles antidroga para los funcionarios políticos. La medida, de aprobarse, abarcará a integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, desde el Gobernador hasta subsecretarios y legisladores provinciales, además de miembros de la Policía hasta el rango de subcomisarios.
La propuesta, que tiene como objetivo garantizar que los representantes públicos carezcan de vínculos con el consumo de drogas ilegales, incluye la realización de rinoscopias y análisis bioquímicos periódicos. Estos exámenes buscarán asegurar que los funcionarios estén libres de sustancias ilegales en su organismo. Según el texto del proyecto, la detección de consumo será causal de cese inmediato para funcionarios designados y de revocación del mandato para los electos, previa aplicación de los procedimientos establecidos por la Constitución Provincial.
Objetivos clave del proyecto
1. Promover la ética y la transparencia en el desempeño de los cargos públicos.
2. Fortalecer la lucha contra el narcotráfico, evitando que funcionarios puedan estar vinculados al consumo de drogas.
3. Implementar mecanismos preventivos y de control para salvaguardar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El autor del proyecto señaló: “Los funcionarios públicos deben ser un ejemplo para la sociedad. No podemos permitir que quienes toman decisiones en nombre del Estado estén asociados a redes delictivas y al consumo de drogas ilegales, pues esto debilita la gestión pública y alimenta actividades ilícitas.”
El control será aplicado por el Ministerio de Salud, que se encargará de coordinar las pruebas en hospitales públicos de la provincia. En caso de resultados positivos, se habilitará un derecho a contraprueba dentro de un plazo de diez días hábiles, garantizando la posibilidad de defensa bajo estrictas normas de confidencialidad.
El proyecto también invita al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los municipios de la provincia a adherir a esta normativa.
La discusión sobre este proyecto marcará un punto clave en la agenda legislativa y podría establecer un precedente importante en materia de gobernanza ética en Salta.