La Argentina no tiene una inflación menor al 2% mensual desde julio de 2020, hace 52 meses (4 años y 4 meses), cuando marcó el 1,9%. Ese será el siguiente objetivo de este Gobierno para el verano, que se sostendrá con una serie de medidas que apuntalarán el ancla del superávit fiscal.
Dólar, impuestos, importaciones y tarifas
El presidente Javier Milei anticipó que si durante tres meses seguidos la inflación se sostiene en torno al 2,5% -«inducida por el programa económico», según su interpretación- desacelerará desde enero 2025 la tasa actual de devaluación del peso (crawling peg) frente al dólar de 2% a 1%, de manera de forzar que también los precios suban más despacio.
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Por otro lado, a fin de año se termina el impuesto PAIS -que desde diciembre 2019 grava con una alícuota del 30% las compras de moneda extranjera y desde julio 2023 con el 7,5% a las importaciones de bienes- y la conducción económica no tiene presupuestado un reemplazo de esos ingresos fiscales, aunque todavía se debate puertas adentro si habrá un cargo extra para los turistas que paguen con tarjeta en el exterior.
Esta semana, además, la Secretaría de Comercio e Industria anunció la flexibilización de restricciones para las importaciones «puerta a puerta», al elevar el límite de 1.000 a 3.000 dólares por envío, con una eliminación de aranceles hasta un tope de US$ 400.
Así, pretende obtener una baja para los consumidores de 27,5% (tomando en cuenta que se pagará solamente un IVA de 21%, contra US$ 67 de impuestos por cada US$ 100 comprados afuera previamente) en los precios que pagan por los productos importados del exterior y forzar al sector industrial argentino a competir o cerrar y dedicarse a actividades más eficientes en términos productivos.
El combo se completa con las tarifas y otros precios regulados en la energía y el transporte. Tras una fuerte recomposición de sus valores reales, que habían quedado muy atrasados en términos relativos entre abril 2019 y enero 2024, desde mayo de este año las tarifas fueron una herramienta con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó anclar expectativas.
Aunque llevará a cabo una revisión tarifaria integral y quinquenal, que otorgará un mecanismo de ingresos a las empresas de servicios públicos de luz y gas a cambio de un sendero de inversiones y mejoras en la calidad de sus prestaciones, Economía dejó trascender que no validará todos los pedidos del sector privado.
Si lo hiciera, las facturas de los usuarios podrían subir otro 30% extra más solo para recomponer la ecuación económica y financiera de las compañías, justo cuando también se encarará el proceso para reducir más los subsidios y otorgar la ayuda del Estado exclusivamente a la población más vulnerable, a través de una tarifa social.
«La apertura comercial se identifica desde el Gobierno como baja de precios, acceso de los consumidores a bienes más económicos. El riesgo es que empiece un boom de importaciones y que eso presione la balanza comercial y al tipo de cambio mediante aumento en la demanda de dólares. Es un lujo que se pueden dar porque hay cepo», marcó Haroldo Montagu, economista Jefe de la consultora Vectorial.
Para Labour, Capital & Growth (LCG) desacelerar la tasa de devaluación al 1% «contiene un riesgo: atrasar todavía más el tipo de cambio». «Para el mediano plazo sigue siendo un interrogante qué modelo productivo podría ser resiliente a un esquema de mayores importaciones, financiadas con entrada de capitales. Es posible que el empleo se vea resentido en una transición para nada ordenada y que eso haga que el Gobierno pierda legitimidad», advirtieron sus analistas.
Clarín
