Fraude millonario: En Salta, menos pensiones que Chaco, pero el doble que Jujuy

Entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045. A diciembre de 2023 la cifra trepó a 1.224.000 beneficiarios. De una reciente auditoría que encabezaron el actual director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, se desprendió que solo 7 de cada 100 pensiones otorgadas cumpliría con los requisitos establecidos, por lo que empezaron a promoverse en distintas jurisdicciones del país acciones penales por una actividad fraudulenta a gran escala que, solo en el último año, desvió de las arcas nacionales cerca de 3.400 millones de dólares. En Salta se otorgaron 58.223 beneficios que están bajo la lupa. Son muchos menos que los que se entregaron en Chaco (99.134), pero representan el doble de los que se registraron en Jujuy en el mismo lapso (23.230).

Entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045. A diciembre de 2023 la cifra trepó a 1.224.000 beneficiarios. De una reciente auditoría que encabezaron el actual director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, se desprendió que solo 7 de cada 100 pensiones otorgadas cumpliría con los requisitos establecidos, por lo que empezaron a promoverse en distintas jurisdicciones del país acciones penales por una actividad fraudulenta a gran escala que, solo en el último año, desvió de las arcas nacionales cerca de 3.400 millones de dólares. En Salta se otorgaron 58.223 beneficios que están bajo la lupa. Son muchos menos que los que se entregaron en Chaco (99.134), pero representan el doble de los que se registraron en Jujuy en el mismo lapso (23.230).

Las cifras generales fueron informadas por el vocero presidencial Manuel Adornis días atrás, en una de sus habituales conferencias de prensa. Entre los periodistas que se encontraban en la Casa Rosada y la audiencia que las escuchó por TV los números y detalles que surgieron de los expedientes auditados fueron recibidos con una mezcla de asombro y descreimiento. La puntillosa investigación que el fiscal federal Carlos Amad abrió en febrero de 2023 en Taco Pozo, sin embargo, ha reafirmado con lapidarias pruebas y pesados cargos penales formulados contra médicos y funcionarios públicos de ese municipio chaqueño que detrás de las pensiones no contributivas hubo un dantesco desbandes de corrupción. Como el mismo Amad remarcó en uno de sus tantos requerimientos resulta imposible entender que en la Andis a nadie le haya llamado la atención que en un pueblo de solo 10.222 habitantes pudieran registrarse en solo un año 662 pensiones no contributivas por invalidez laborales.

Entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, el vocero presidencial mencionó que «la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, de las cuales el 65% se otorgó en menos de 30 días».

Adornis también se refirió al caso de Taco Pozo, en Chaco, donde «una misma radiografía de un hombro roto fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez». Indicó, además, que en 2022 un médico correntino adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro». Si bien en ese caso el beneficio habría sido rechazado, no menos cierto es que no se promovieron por esa ni otras irregularidades denuncias penales como las que recién ahora empiezan a moverse. Los controles de la Andis, evidentemente, brillaron por su ausencia.