Fiscales apelarán la prisión domiciliaria de Carlos Martínez
La Unidad Fiscal apelará la decisión del juez de Garantías de Orán, Raúl Fernando López, quien le otorgó la prisión domiciliaria al exintendente de Aguas Blancas, Carlos «Conejo» Martínez, acusado del entorpecimiento de la investigación del crimen de su propio hermano, César Martínez, quien fue acribillado de 18 disparos. También fue beneficiado el abogado Roberto Ortega Serrano.
Los fiscales reclaman que se revisen los fundamentos cuestionados del fallo, ya que se considera insuficientes los motivos expuestos por el juez López para darles la domiciliaria. También marcan como una falencia que los hayan mandado a sus casas sin una pulsera electrónica y solo con una consigna policial.
«Entre los argumentos formulados en el pedido de prisión preventiva, los fiscales, hicieron expreso hincapié en el daño hasta ahora inmensurable, que ya se ocasionó a la investigación del homicidio de César Martínez, alias Oreja, al divulgarse información reservada sobre los allanamientos que se solicitaban durante el desarrollo de las pesquisas, anoticiándose a los allanados, previo al otorgamiento y realización de las medidas, frustrando así su finalidad», dijo el Ministerio Público Fiscal.
En esta causa también fue detenido el juez de Garantías Claudio Parisi, quien afronta, por otro lado y por otras causas un jury de enjuiciamiento requerido por el procurador general, Pedro García Castiella. Los tres (Carlos Martínez, Serrano y Parisi) están imputados por entorpecimiento de acto fundacional, violación de secretos y, en el caso del magistrado, por incumplimiento de deberes de funcionario público, a raíz de la investigación del crimen de Cesar Martínez, hermano del exintendente y que fuera acribillado de 17 tiros afuera de su casa en Orán, en noviembre de 2023.
«Esencial resulta advertir que el pedido de prisión preventiva solicitado no había sido solo por el riesgo de fuga necesariamente, sino primordialmente por el riesgo de entorpecimiento del proceso, en el sentido de que los imputados continúen con la conducta entorpecedora del deber investigativo del homicidio por sicariato a cargo del Ministerio Publico Fiscal, con conductas dañinas como las que ya fueron señaladas y advertidas», señalaron.
Ahora bien, el juez reconoció que existen elementos para vincularlos con el hecho investigado, sin embargo ponderó genéricamente que no existían indicios de fuga, disponiendo conceder el arresto domiciliario con un simple control ambulatorio, sin efectuar mayores precisiones respecto a su decisorio.
En tal sentido, considera la Unidad Fiscal que lo resuelto, además de lo antes señalado, también ha demostrado ser insuficiente en el Distrito Judicial de Orán para el riesgo de fuga, en atención a la cercanía con la zona de frontera y el sobrecargo a las funciones de las fuerzas de seguridad provincial. Por último, tampoco se valoró las exigencias que establece el art. 20 de la Constitución Provincial, en cuanto al estado de conmoción social que los hechos investigados han causado en la comunidad oranense.
Claves del caso
– César Martínez, quien era hermano del exintendente fue acribillado de 17 tiros en Orán, en noviembre de 2023.
– El 24 de septiembre pasado Carlos Martínez y Roberto Ortega Serrano fueron detenidos acusados de haber obtenido de forma indebida el expediente y otras diligencias de la causa por el asesinato de César.
– El 2 de octubre y tras el levantamiento de inmunidad fue detenido el juez de Orán Claudio Alejandro Parisi, quien está acusado justamente de pasar el expediente e información sensible por el crimen del hermano del exintendente.
La defensa insiste que es un delito excarcelable
Los abogados defensores del exintendente de Aguas Blancas, Carlos «Conejo» Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano consideraron que era imposible que se los mantuviera con prisión preventiva a sus defendidos. Ellos sostienen que las acusaciones no tienen peso.
Los defensores aseguraron en las distintas presentaciones, que los cargos que les atribuyen a Martínez y Ortega Serrano como entorpecimiento de acto funcional, tiene una escala penal de 15 días a 6 meses de prisión; mientras que el delito de violación de secreto prevé una pena de 1 mes a 2 años de prisión, por lo que en tal sentido expresan que «en caso de recaer condena la misma jamás sería de cumplimiento efectivo».
Esto es tan así que también las defensas adelantaron que pedirán que se levante la prisión domiciliaria y que se los deje en libertad plena, ya que consideran que no se los acusa de un delito grave, pese a que desde la Fiscalía no paran de insistir que entre los acusados se cruzaban información de los expedientes y los allanamientos en la casa del ex intendente.
