Facturas truchas: sobreseyeron a Huergo y otros empresarios tras acogerse a la Ley de blanqueo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta, compuesto por los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Marcelo Juárez Almaraz, resolvió en mayoría el sobreseimiento del empresario Matías Huergo junto a otros ocho imputados. Los acusados enfrentaban cargos por formar una organización ilícita destinada a cometer fraudes fiscales mediante la emisión de facturas falsas. No obstante, el tribunal consideró que la adhesión de los acusados a la Ley de Blanqueo de Capitales, aprobada por el Congreso a instancias del gobierno de Javier Milei, los eximía de los cargos. Vale aclarar que el camarista Federico Santiago Díaz emitió su voto en contra del sobreseimiento.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta, compuesto por los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Marcelo Juárez Almaraz, resolvió en mayoría el sobreseimiento del empresario Matías Huergo junto a otros ocho imputados. Los acusados enfrentaban cargos por formar una organización ilícita destinada a cometer fraudes fiscales mediante la emisión de facturas falsas. No obstante, el tribunal consideró que la adhesión de los acusados a la Ley de Blanqueo de Capitales, aprobada por el Congreso a instancias del gobierno de Javier Milei, los eximía de los cargos. Vale aclarar que el camarista Federico Santiago Díaz emitió su voto en contra del sobreseimiento.
El caso, que había sido enviado a juicio en octubre de 2021 por el juez federal Julio Bavio, involucraba también a Aníbal Anaquín, Gerardo Romero, Héctor Silva, Mimessi Sormani, Juan Llanos, Rubén Romero, Francisco Antonio Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman. Sin embargo, la situación jurídica de los acusados podría cambiar, ya que el fiscal a cargo del caso anunció que presentará un recurso de casación, lo que llevará la decisión a un tribunal de mayor instancia.
Solo con la emisión de facturas truchas la banda de la cual era parte habría evadido IVA por unos $100 millones durante el período investigado, según estimaciones realizadas desde la Dirección General Impositiva (DGI). A esto habría que sumar la defraudación al Estado provincial y municipal con la posible sobrefacturación de obras y el cobro de trabajos no realizados.
