Es ley el proyecto que obliga a detallar en los tickets los impuestos nacionales que paga el consumidor

Con la aprobación del paquete fiscal de la Ley Bases en el Senado, se sancionó el proyecto “régimen de transparencia fiscal al consumidor” que insta a los comerciantes a incluir en tickets, facturas y comprobantes emitidos en todo el país el detalle desglosado de los impuestos que paga el consumidor, como ya ocurre con la contratación de servicios turísticos en el exterior, en pasajes aéreos y estadías en hoteles.

La iniciativa que tiene como impulsor a Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica –y fue respaldada por el presidente Javier Milei y funcionarios como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el apoyo de más de 50.000 firmas en la plataforma Change.org– había recibido media sanción en Diputados. Pero al estar incluido en la Ley Bases, debió volver a la Cámara Baja para su tratamiento.

“A los efectos del trámite parlamentario, volverá a Diputados. Es esperable que se ratifique. No debería tener cambios porque la Cámara de Origen no puede tomarse esa atribución, debe insistir con la propuesta original o aceptar las modificaciones del Senado. Y el régimen no sufrió alteraciones en el debate. Si se aprueba la ley, sale”, le había anticipado a Clarín Olivero Vila.

Como adelantó este diario, empezará a regir el 1° de enero de 2025. “Es un paso importantísimo que permite el acceso a información y da transparencia a la carga tributaria de lo que se paga”, señaló Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, a lo que Olivero Vila agregó: “Es un hito para el cambio de la cultura fiscal”.

Para el impulsor del proyecto, “es insostenible que desde hace 50 años tengamos una ley vergonzosa que oculta sistemáticamente los impuestos”, en referencia al artículo 39 de la Ley de IVA, que prohíbe mostrar ese impuesto al consumidor desde 1973. En mayo, diputados del bloque radical presentaron un proyecto para discriminar el IVA, lo que representó un paso inicial para el oficialismo, pero insuficiente, ya que este significa apenas un tercio de la carga fiscal.

“El 84% de los argentinos desconocemos que el gasto mayor en el que incurrimos son impuestos. No existe país que aplique hasta cinco impuestos en el importe final, con una incidencia de hasta el 50%”, argumentó Olivero Vila, abogado y contador que se inspiró en el modelo que aplica Brasil, mediante la Ley 12.741, desde 2012.

La normativa brasileña fue resultado de la sociedad encolumnada detrás: una ONG liderando el proceso, más de 1 millón de firmas y 135 organizaciones empresarias y del tercer sector apoyando el cambio.

El proyecto exhorta a comerciantes y proveedores a discriminar la carga impositiva en el ámbito nacional, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros gravámenes que deberán exponerse de forma separada. Es decir, por un lado el monto final y, por otra parte, el precio neto sin la carga tributaria. En los servicios estatales, insta a no usar la palabra “gratuito”, sino la descripción “libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes”.

El texto aprobado indica que “todos los sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar en la publicación de los precios el importe final a abonar por el consumidor final y el importe neto sin la incidencia del IVA y los impuestos nacionales indirectos (impuesto al cheque, internos); este deberá estar acompañado de la leyenda ‘precio sin impuestos’”.

La ley invita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores tengan conocimiento de la incidencia de Ingresos Brutos y tasas municipales.

Así, con el 94% de la ciudadanía que quiere conocer los impuestos que paga en el país que tiene la carga tributaria más alta del mundo, según una encuesta de Poliarquía, la propuesta apunta a que se pueda entender qué gravámenes se aplican cada vez que se compra un bien o servicio.

De esa manera, busca “garantizar la transparencia en las transacciones de forma clara y accesible” y se ampara en la Constitución Nacional y el Código Civil. La primera prevé en su artículo 42 que “los usuarios tienen derecho a información adecuada y veraz”, por lo que el Gobierno considera que “se propicia la concientización ciudadana y un sistema transparente y honesto”. En tanto, el segundo remarca la obligación de suministrar información detallada”.