Empezó la discusión por el nuevo Código urbanístico: las puntos clave y la fecha en la que puede votarse en la Legislatura

Arrancó en la Legislatura porteña el debate sobre la modificación del Código Urbanístico, el conjunto de normas que regula el uso y la construcción del suelo en Ciudad de Buenos Aires. Un proyecto de ley del Ejecutivo con el que aseguran que buscan «incentivar la construcción en la zona sur, fomentar la protección del patrimonio y preservar la identidad de los barrios». El debate se lleva a cabo en el ámbito de la Comisión de Planeamiento. Y esta semana trascendió que la intención es tratar la primera lectura el jueves 26 de septiembre en el recinto.

El código que rige actualmente en la Ciudad fue votado y aprobado en 2018. Y bajo estas normas, los cambios más radicales se hicieron sentir sobre todo en los barrios de casas bajas, en donde se desató la densificación: entre otras cosas, construcción en altura y pérdida de los pulmones de manzana. Si se supera la primera instancia, luego tiene que haber una audiencia pública y más tarde una segunda lectura en la Legislatura para que se convierta en ley.

En definitiva, el código versión 2018 promovió que se construyeran cientos de edificios «bajos», de entre 3 y 5 pisos (más retiro, lo que en muchos casos aumenta entre 1 y 2 pisos la altura de los edificios). La trama urbana de estos barrios de casas bajas se vio totalmente transformada. De hecho, muchas organizaciones vecinales recurrieron a la Legislatura con sus propios proyectos para frenar las obras y para lograr cambios que protejan las dinámicas de cada barrio.

A fines de julio, y cumpliendo con lo estipulado en el Código de 2018, el gobierno porteño envió a la Legislatura porteña las modificaciones -a las que llamó «ajustes»-, basadas en tres ejes centrales: adaptar las alturas permitidas en función de las escalas barriales, que los grandes desarrollos (las torres) se puedan construir sólo sobre avenidas, y brindar incentivos y formas de compensación para potenciar proyectos en la zona sur de la Ciudad.

Hace unos diez días arrancaron los debates en la Comisión de Planeamiento -que continúan en esta semana y la que sigue- de los que participan legisladores, profesionales y organizaciones vecinales. Si bien desde el Ejecutivo porteño aseguran que se podría aprobar a fin de año, se espera que los debates sean muy intensos.

El Consejo de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) publicó un comunicado crítico al respecto. Por un lado, aclarando que jamás fueron consultados y que no tuvieron acceso al proyecto en ningún momento: «Tal como está presentado, deja un amplio margen de discrecionalidad al poder Ejecutivo, lo que abre un frente de inestabilidad jurídica. Por otra parte, es contradictorio con el artículo 84 de la Constitución de la Ciudad, que indica que la Legislatura no puede delegar sus atribuciones». Lamentaron que «no haya habido consulta previa, ni para el CPAU, ni para un conjunto de instituciones profesionales, barriales o inclusive para las juntas comunales y sus respectivos consejos».

Reclamaron que se tenga en cuenta el CUr aprobado en 2018: «Es necesario aprender de este antecedente. Se aprobó al margen de las consideraciones puestas a disposición por el CPAU y otras entidades. El resultado fue un Código Urbanístico que ha empeorado las condiciones para muchos vecinos y creado un marco de incertidumbre jurídica por las tensiones generadas».

Desde el Gobierno sostienen que para elaborar el proyecto se llevaron a cabo al menos 15 recorridas y más de 30 reuniones con vecinos de barrios de toda la Ciudad, además de numerosos encuentros con instituciones, consejos y profesionales del sector

La oposición también apuntó al Código 2018, entendiendo que las modificaciones repiten y profundizan sus errores: «Insiste con soluciones genéricas para problemas específicos. La Ciudad no es un objeto abstracto que pueda dividirse en 5 o 6 unidades de edificabilidad y 4 mixturas de usos. Hay que pensarla y concertarla manzana por manzana, barrio por barrio, comuna por comuna», insisten desde Unión por la Patria.

Un tema que no queda suficientemente claro y que genera mucha controversia es el incentivo a los desarrolladores para trasladar al norte de la Ciudad los metros que construyan en la zona sur: «No encontramos ninguna fundamentación al respecto ni vemos que se esté proponiendo en el marco de ninguna planificación adecuada», evaluaron desde el bloque opositor.

A favor destacan que se tomaron observaciones vecinales de los barrios más afectados: que se ajustan parcialmente las alturas, se recuperan los pulmones de manzana y se incrementa la matriz patrimonial (N. de R.: el gobierno porteño impulsa la catalogación preventiva de 4.209 inmuebles).

Vale recordar que, entre otros barrios, Villa Ortúzar, Villa del Parque, Palermo, Colegiales y Chacarita, presentaron sus propios proyectos de ley para limitar la construcción. Y hubo tres zonas de la Ciudad que lograron modificaciones, pasando también por la Legislatura: Bajo Belgrano, Barrio River y Altos de Nuñez.

Sandra es vecina de Villa del Parque, pertenece al colectivo «Conciencia urbana Comuna 11» y participó de las reuniones en la Legislatura. Llevó la voz de vecinos y vecinas que padecen desde hace años el asedio de la construcción en altura en ese barrio. «Faltan informes técnicos, relevamientos, análisis y detalles de muchos de los cambios que proponen. Por ejemplo: no está claro cuál será el mecanismo de control para los desarrolladores que obtengan permisos de construcción en el norte, a cambio de construir en el sur», explicó a Clarín.

Efectivamente, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del la Ciudad, amplía el concepto: «El gobierno declaró, en la Comisión de Planeamiento, que están viendo cómo hacen para encontrar un equilibrio. Respondió así a un cuestionamiento de varios legisladores. Desde la perspectiva del Ejecutivo, exigir a las desarrolladoras que construyan primero en el sur y luego en el norte, sería excesivo. Teóricamente, según lo que dijeron, buscarán un mecanismo de construcción simultáneo».

Entiende Baldiviezo que en rigor están en debate dos criterios que confrontan: «El Ejecutivo entiende que existe una desigualdad de rentabilidad entre el norte y el sur para los desarrolladores, lo cual es estrictamente cierto, y por lo tanto entiende que debe compensarlos. Creo que en cambio debería pensar cómo mejorarle a los vecinos del sur la calidad del espacio público, el acceso a la infraestructura, a la movilidad y a la seguridad».

Andrés Borthagaray es presidente de la Comisión de Urbanismo y Medioambiente de CPAU y de Furban (Fundación Urbanismo). Le dijo a Clarín: «Entiendo que hay dos situaciones muy diferentes, que deben ser tratadas de manera también diferente. Por un lado, hay un conflicto que se da en los barrios, de manera puntual. Por la experiencia previa, sabemos que esto se pudo solucionar con leyes específicas para esos barrios».

Y agregó: «Por otro lado, hay cambios que se proponen que tienen que ver con el conjunto, con toda la Ciudad. Lo que requiere estudiar cuestiones ambientales, de salud, de equipamientos, espacios públicos, de vivienda, infraestructura y de movilidad urbana, infraestructura verde, prevención del riesgo hídrico, área central, etc.»

Borthagaray entiende que la evaluación de los cambios para el conjunto de la Ciudad requiere tiempo de calidad. Que haya un debate y una evaluación abierta a todos los sectores.

Básicamente es lo que se le reclaman al Ejecutivo porteño. Aprovechar las falencias del actual código para mejorar el del futuro.