El Gobierno privatizará 8.600 kilómetros de rutas nacionales en 13 provincias

El Gobierno anunció este jueves que pondrá en manos del sector privado la gestión, operación y mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas que en su mayoría se encuentran a cargo de Corredores Viales S.A, empresa estatal que acumula US$ 30 millones de dólares de déficit operacional, financiado hasta diciembre de 2023 con fondos del Tesoro Nacional.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni, detalló que “cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos podrá participar de la licitación para ejecutar el servicio de manera más eficiente”, una posibilidad que calificó de “apertura inédita hacia la transparencia”, a diferencia de “la obra pública que anidó la vieja política y funcionó como caja del delirio populista kirchnerista”.

El funcionario agregó que las empresas que finalmente sean concesionarias deberán hacerse cargo de financiar las obras y “van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones”, y adelantó que, de esa manera, “se estima que el Estado tendrá un ahorro de 5.600 millones de dólares”.

El cálculo oficial es una proyección a 20 años, según explicaron fuentes de la empresa estatal que depende de la secretaría de Transporte, encabezda por Franco Mogetta, bajo la órbita del Ministerio de Economía, Luis Caputo.

Según un comunicado oficial, la empresa estatal creada en 2017 para gestionar las rutas anteriormente concesionadas al sector privado no ha logrado cumplir con los estándares mínimos de operación y mantenimiento, operando con déficit a pesar de los aumentos tarifarios realizados.

«Es por ello que, hasta diciembre de 2023, las deudas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, desvirtuando el propósito del peaje, el cual es financiar de manera autónoma la operación y el mantenimiento de las rutas», señaló el Gobierno.

Corredores Viales S.A opera 10 tramos de autovías que abarcan a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.

La licitación se realizará en dos etapas. Primero, se avanzará con dos tramos del Corredor 18, cuya concesión está a cargo de la empresa Crusa y vence el 9 de abril de 2025. Este corredor incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. La convocatoria se lanzará en diciembre, previendo la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025.

En la segunda etapa se concesionarán 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en diez tramos. La convocatoria se realizará en febrero de 2025, con adjudicación prevista para julio de 2025.

En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en doce tramos que representan el 20% de la red vial nacional pero concentran el 80% del tránsito.

La medida se inspira en la ola privatizadora que se llevó a cabo durante la gestión de Carlos Menem, cuando se dieron en concesión unos 8.000 kilómetros de rutas nacionales mediante el sistema de peaje para mantenimiento, un esquema que fue modificado al año siguiente y luego en 2003, ante el descontento de los usuarios por las escasas ventajas obtenidas.

La compañía vial es una de las pocas que quedaron sujetas a privatización como dicta el Artículo 7 de la Ley Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.

Ahora, podrán participar de la licitación todos los actores que cumplan con las garantías exigidas. «Este nuevo esquema promueve una mayor competencia ya que permite la participación de empresas que no necesariamente pertenecen al sector de la construcción vial, generando mayor transparencia y confianza en el sector privado», señaló el Gobierno.

El anuncio fue recibido con escepticismo en el sector privado vinculado a la construcción, donde todavía ven un escenario macroeconómico de incertidumbre. «Es muy improbable hacer cualquier tipo de cierre financiero, por el cepo y por el riesgo país principalmente. La única certeza es que se sigue destruyéndose la infraestructura actual sin ningún tipo de mantenimiento», señaló un empresario.

Mientras tanto, el Gobierno anunció hoy también un nuevo aumento en los peajes de Corredores Viales y de los ingresos a CABA por Autopista Riccheri, Panamericana y Acceso Oeste que entrará en vigencia el sábado, una actualización por inflación que se suma al ajuste que ya se aplicó en septiembre y forma parte del plan de incrementos establecido hasta fin de año.