El Gobierno postergaría más aumentos de tarifas en 2025 para consolidar la baja de la inflación

El Gobierno terminará durante el primer trimestre del año que viene las revisiones tarifarias de luz y gas, que determinarán las condiciones del negocio y los requerimientos para la calidad de los servicios públicos regulados durante los próximos 5 años (2025-2030).

Las audiencias públicas se realizarán entre la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero, y unos 30 días después se aprobarán las nuevas tarifas a cambio de compromisos quinquenales de inversiones multimillonarias.

Sin embargo, la idea del ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo es no autorizar los aumentos de tarifas que van a pedir Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, Ecogas, Litoral Gas, Gas Nea, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) para financiar sus inversiones.

En todo caso, el plan oficial contemplará subas discrecionales para mantener constantes los ingresos de las empresas, como sucede desde hace 3 meses -pese a que se aprobaron fórmulas de indexación mensuales que nunca se cumplieron- y dividir en varias cuotas durante 2025 el impacto de eventuales alzas.

El objetivo del presidente Javier Milei y de Caputo es continuar con la desaceleración de la inflación, bajar al 1% la tasa de devaluación mensual del peso (crawling peg) si se consolida la tendencia y asentar las condiciones para flexibilizar los controles de capitales (cepo al dólar) el año que viene.

Los incrementos de los servicios juegan en contra de esa meta, más aún si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) actualiza su canasta de medición de los precios en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en la que pesan más la luz y el gas que en 2004, que es el indicador que se utiliza ahora.

Las compañías eléctricas como Edenor y Edesur enviarán la próxima semana al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) una decena de documentos, dentro de los cuales se incluirán las previsiones sobre sus necesidades de flujos de fondos para operar la red.

Aunque expresarán sus pedidos en billones de pesos y no como un porcentaje puntual, se desprende que los requerimientos derivarían en incrementos de sus tarifas de un 60% en términos reales (por sobre lo vigente), que impactaría en aumentos de 30% en las facturas.

Ese dinero iría a invertir en sus equipos para evitar cortes de luz, reducir la cantidad y frecuencia de las interrupciones, mejorar la atención al cliente, su calidad técnica y comercial, pagar salarios, impuestos, la energía que compran y distribuyen y, eventualmente, empezar el plan de despliegue de los medidores inteligentes, que cuestan casi 100 dólares por unidad y deberán ser cobrados a los usuarios.

Economía no quiere que las tarifas afecten al proceso de baja de la inflación, como ya sucedió en 2017 y 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, y busca la manera de distribuir en cuotas los aumentos que sean indispensables para sostener la red y que no se corte la luz.

Las empresas están dispuestas a tolerar que se extienda una transición sin la plena normalización de los marcos regulatorios -más teniendo en cuenta que se cumplieron los contratos de concesión durante apenas 2 de los últimos 20 años- y hasta pueden ceder ingresos para que baje más rápido la inflación, siempre a cambio de la promesa de estabilizar las reglas de juego en el corto plazo.

Así lo expresó, por ejemplo, el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, el mes pasado en una entrevista con Clarín. «Aceptaría postergar aumentos de tarifas para que baje más rápido la inflación«, dijo a mediados de octubre, justo cuando el Gobierno suspendió la audiencia pública convocada apenas horas antes para revisar el negocio del transporte eléctrico, en donde Mindlin tiene acciones en Transener.

Otras compañías, por su lado, confían en las señales que envían los entes reguladores. «¿Para qué van a pedirnos los documentos si no es para hacer la revisión? Y si quieren hacerlo discrecional, que no nos convoquen», se atajaron en una de las firmas.

De hecho, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) viene exigiendo a las empresas que controla centenares de documentos con información sobre el estado de su negocio y las estimaciones para los próximos 5 años.

Los pedidos de las gasíferas rondarían el 20% a 30% de aumento, aunque una firma calculó que el «atraso real» es de entre el 40% y el 50%.

«Lo que necesitamos es un régimen tarifario creíble y estable, que nos permita darnos vuelta y pedirles financiamiento a los bancos para nuestros proyectos de expansión de la red de gasoductos y crecimiento de la demanda de los hogares y las industrias», comentó el número uno de una compañía.

Otra fuente, también en off the record, indicó que el crédito nacional e internacional será uno de los grandes motores para el crecimiento del sector, pero debe estar garantizado por normas contractuales y tarifarias sostenibles en el lustro que viene.

Dentro de las negociaciones de esos contratos está con las empresas de gas las extensiones de las concesiones por 20 años más. La ex Gas del Estado se subdividió y los privados entraron en 1992 con contratos por 35 años, que terminan en 2027. Ya estaba prevista una ampliación por 10 años y el Congreso autorizó que se prolongara 10 años más, hasta 2047.

Una eventual extensión de las concesiones permite dividir en mayor cantidad de tiempo la rentabilidad necesaria para amortizar las inversiones. Esa posibilidad no está en el negocio eléctrico, donde los contratos duran 99 años.

La información surge de lo conversado por Clarín con cuatro altos directivos de las empresas de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de gas natural en todo el país, donde rige la jurisdicción nacional mediante los entes reguladores.

Las fuentes oficiales de primer nivel consultadas por este medio no contestaron a los requerimientos y un vocero respondió que «todavía no hay definiciones».