El Banco Mundial presta US$ 1.000 millones y exige «perspectiva de género» y combate al cambio climático
28 de noviembre de 2024
El Gobierno aprobó la semana pasada dos contratos de financiamiento para tomar deuda pública con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo de desarrollo del Banco Mundial, por unos 1.000 millones de dólares, destinado a reestructurar el esquema de subsidios a la energía eléctrica y el transporte público por colectivos.
Los programas buscarán entre 2025 y 2027 orientar la ayuda del Estado nacional exclusivamente a los usuarios más vulnerables mediante una tarifa social. Así, se eliminará el actual esquema de segmentación de tarifas a la energía (luz y gas) en todo el país.
Otra meta del Gobierno es reducir los subsidios a los colectivos -solamente destina recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-, aunque eso tiene un mayor impacto a nivel social y en la inflación.
Las cláusulas de los contratos, que figuran en los anexos de los decretos 1041/2024 y 1043/2024, publicados este lunes 25 en el Boletín Oficial, establecen que la Argentina se comprometerá a desarrollar «capacidades institucionales» y orientar los recursos del Estado con «perspectiva de género», así como también la prevención y la respuesta ante el «acoso sexual» en el transporte, y la mitigación del «cambio climático».
Los contratos de préstamos BIRF 9740 y 9747 para la Argentina fijan condiciones sobre las cuales La Libertad Avanza (LLA) habitualmente fija una postura contraria, por los valores de su «batalla cultural», en relación a su mirada respecto a la «Agenda 2030».
Incluso el presidente Javier Milei ordenó hace unas semanas retirar a la delegación local de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP29) en Baku, Azerbaiyán.
Los créditos del Banco Mundial
El Banco Mundial aprobó estos créditos en Washington, Estados Unidos, pero sus desembolsos recién empezarán el año que viene.
El Proyecto de Apoyo a la Sostenibilidad y Equidad del Transporte Público otorgará US$ 500 millones y establece criterios para la «elegibilidad» de usuarios a recibir subsidios mediante un programa de tarifa social, que deberá vincular los datos individuales que tienen los distintos organismos del Estado sobre las personas con registros del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Algunos de sus objetivos son «fortalecer la inclusión» de personas con discapacidad, «apoyar la prevención y respuesta contra el acoso sexual» en el transporte público y «apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático», mediante la identificación de vehículos eléctricos y la transición hacia modelos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, como el dióxido de carbono (CO2).
Ese programa prevé que se deberán sumar en los próximos años unos 400.000 beneficiarios a la tarifa social y que cerca de 1.360 millones de viajes deberán ser subsidiados. El capital del préstamo será devuelto en cuotas semestrales entre el 1 de diciembre de 2031 y el 1 de junio de 2056, a razón de 20 millones de dólares por año.
Mientras tanto, el Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sostenible, por otros US$ 500 millones, fija como una de sus metas «definir hogares de bajos ingresos a ser protegidos contra mayores incrementos en las tarifas, con la inclusión de una perspectiva de género cuando sea factible».
La intención oficial es racionalizar el gasto en subsidios, que este año ya bajaron un 34% frente al período enero-octubre 2023, mientras que en 2025 volverían a caer entre 30% y 40% para representar menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), hasta cerca de los US$ 4.000 millones.
