Detienen al juez Parisi mientras el jury avanza en la investigación
Ayer, cuando los comentarios en los pasillos de la fiscalía, daban cuenta de la demora en la detención del cuestionado magistrado Claudio Parisi, el juez de Garantías de Orán, Raul López ordenó el arresto de su colega, quien fue informado de la medida, luego de lo cual acompañó voluntariamente a los uniformados que fueron a buscarlo a su domicilio particular.
Tras el levantamiento de inmunidad resuelto por el lunes pasado por el Jurado de Enjuiciamiento y a requerimiento de la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murua y Carlos Alberto Salinas, el juez de Garantías N° 1 del Distrito Judicial Norte de Orán, Raúl López, emitió la orden de allanamiento con el objetivo de proceder a la inmediata detención del Parisi.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la escandalosa causa en la que se investiga al magistrado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. En el contexto de esta misma investigación, el abogados Roberto Ortega Serrano y el intendente de Aguas Blancas Carlos Alfredo Martínez, se encuentran imputados y también detenidos como cómplices primarios por entorpecimiento de la investigación penal y violación de secretos.
La medida fue ejecutada por la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) del Norte y la UEI de Salta Capital, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los efectivos se presentaron en el domicilio del magistrado, quien, al ser notificado, acompañó voluntariamente al personal a cargo del operativo hacia el móvil oficial, a fin de llevar adelante todas las diligencias correspondientes.
Tras el control de legalidad realizado por el Juzgado de Garantías, Parisi quedó alojado en la Comisaría de Hipólito Yrigoyen.
Mientras tanto y ya con Parisi detenido, el Jurado de Enjuiciamiento se reunió nuevamente en la jornada de ayer y resolvió, por unanimidad, declarar la admisibilidad formal de la acusación presentada por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, contra el Juez de Garantías de Segunda Nominación del Distrito Judicial Orán, Claudio Alejandro Parisi.
De esta manera, el tribunal dio inicio al juicio que la Ley 7138 prevé para determinar la responsabilidad del magistrado sobre los hechos que se le adjudican y, en consecuencia, definir su continuidad en el cargo. El Jurado deberá concluir el proceso en un plazo máximo de cuatro meses.
La reunión fue encabezada por la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo; con la presencia del juez de Corte, Pablo López Viñals; el senador Jorge Pablo Soto, en representación de la mayoría de la Cámara de Senadores; el senador Javier Mónico Graciano, por la minoría de la Cámara de Senadores; el diputado Esteban Amat, designado por la mayoría de la Cámara de Diputados; el diputado Juan Carlos Roque Posse, por la minoría de la Cámara de Diputados; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; Luis Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, abogados de la matrícula designados respectivamente por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para integrar el órgano que deberá evaluar la conducta del juez.
Análisis de la conducta
Con la detención del juez Parisi, ocurrido tras el allanamiento de los fueros accionado por el jury, el órgano constitucional a cargo del juzgar a los magistrados, quedó abocado ahora al análisis de las denuncias contra Parisi, como así también a la defensa interpuesta por este. El cuestionado juez tenía plazo hasta el 2 de octubre para su defensa y lo hizo mediante un extenso escrito donde acusó a fiscales y policías.
Habeas corpus para un detenido
El abogado del exintendente de Aguas Blancas, Carlos Martínez, detenido por el escándalo narcopolítico en el norte de la provincia, presentó un pedido de Habeas Corpus para su defendido, con lo cual exigió la inmediata liberación del destituido jefe comunal.
Carlos «Conejo» Martínez quedó detenido al confirmarse su intervención en la investigación encarada por la fiscalía tras el asesinato de su hermano, César «Oreja» Martinez, a manos de una banda de sicarios que lo asesinó de varios disparos en plena vía pública en la ciudad de Orán. El caso se investiga como un ajuste de cuentas en el crimen organizado.
Desde la defensa del exintendente Martinez argumentan falencias en su detención y la imposibilidad del arresto de acuerdo a los cargos de los que se lo acusa. Además afirmaron que Martinez fue objeto de irregularidades en los plazos de control de legalidad de aprensión.
