Desde Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, con cada cambio de la fórmula de movilidad se perjudica a los jubilados

Cada vez que se modificó la fórmula de movilidad, hubo un fuerte perjuicio para los jubilados y pensionados.

Para tomar tan sólo los últimos años. Fue lo que pasó en 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri. El empalme por el cambio de fórmula representó una caída inicial de los haberes porque no se tomó en cuenta la movilidad de un trimestre. Se hizo en forma retroactiva: los jubilados recibieron en marzo de 2018 el 5,71% – según la evolución del 70% de inflación y 30% de los salarios del III Trimestre de 2017– cuando debieron recibir la movilidad de la ley anterior – la N° 26. 417— que se estimó en torno del 14,6%, por el segundo semestre de 2017. Luego entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, por el aumento de la inflación, las jubilaciones y pensiones tuvieron un deterioro del 19,5%.

Apenas asumió Alberto Fernández, se suspendió la fórmula anterior y en 2020 se otorgaron aumentos por decreto diferenciados. En marzo, los haberes mínimos recibieron un aumento mayor que el resto, lo que llevó ese año a que los haberes mínimos tuvieran un alza del 35,3% pero el resto de apenas el 25,3%, contra una inflación del 36,1%. Con la ley suspendida el aumento hubiera sido mayor.

Luego se puso en vigencia una nueva fórmula de movilidad que fue claramente perdedora frente a la inflación. Los resultados fueron:

• En 2021, con una inflación del 50,9%, punta a punta los aumentos fueron del 52,7%.

• En 2022, la fórmula de movilidad arrojó un 72,5% versus una inflación anual del 94,8%. Una pérdida del 11,5%.

• En 2023, la movilidad fue del 110,9% y la inflación del 211,4%, agravada por la disparada de diciembre de ese año por la devaluación de Javier Milei. Una pérdida del 32,3%.

Este año, la fórmula de movilidad por inflación se salteó parte de la inflación de enero (se reconoció un 12,5% en abril versus una suba de precios del 20,6%) y mientras se aplicaron aumentos según la suba de los precios se mantuvo la vigencia de la fórmula anterior de Alberto Fernández sólo hasta junio.

Luego, los haberes jubilatorios aumentaron en julio (4,18%), agosto (4,58%) y septiembre (4,03%), un acumulado del 13,6%.

Si hubiese continuado la fórmula del gobierno anterior el aumento de setiembre debería ser del 33% por el incremento tanto de los salarios como de la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social, según los cálculos de los especialistas. Y en diciembre debería darse también esa diferencia.

Es que aplicar la movilidad por inflación mejora inicialmente los haberes respecto a lo que ocurriría con la ley de movilidad de Alberto Fernández. Pero si la inflación baja, y salarios y recaudación empiezan a mejorar, los haberes de los jubilados evolucionarían por encima de lo que surgiría sólo con la fórmula de inflación. Esto es lo que está pasando ahora.

Según la consultora IDESA ( Instituto de Desarrollo Social Argentino) “tan fuerte fue la licuación de jubilaciones que en el promedio 2023 las jubilaciones habían perdido un 35% de su valor real respecto al promedio 2017. En el caso del haber mínimo -que recibe un bono- la pérdida fue de 15%. Este es un enorme “ahorro” fiscal porque el pago de jubilaciones es el principal gasto del Estado nacional. La forma de congelar este “ahorro”, para siempre, es pasar a ajustar las jubilaciones -de aquí en adelante- por inflación”, que es lo que implementó el actual Gobierno.

El ajuste solo por inflación perpetúa las pérdidas de las jubilaciones de los últimos años porque mantiene constante el poder de compra de los haberes. Y no obtienen ninguna mejora si los salarios reales y/o la recaudación se recuperan por las mejoras de productividad y de la economía.

Por ese motivo, para los jubilados la mejor opción era combinar ambas alternativas: para que los haberes no siguieran deteriorándose hacia delante es conveniente el ajuste mensual pleno por inflación y mantener la comparación entre la fórmula por inflación y la de salarios y recaudación, aplicando la que resulte mayor.

El financiamiento surgiría de la mayor recaudación por la mejora de la economía y de los aportes y contribuciones que van a la ANSeS por el incremento de los salarios y los niveles de empleo y de un efectivo combate a la informalidad.