Contrabandistas y narcos aprovechan la ocupación irregular de la frontera norte
Argentina tiene 74 pasos internacionales con Chile, 39 con Paraguay, 22 con Brasil, 14 con Uruguay y 5 con Bolivia. El de Salvador Mazza es menos transitado que los de Posadas y Puerto Iguazú, que vinculan a Misiones con Brasil y Paraguay, pero es uno de los que mayor preocupación despiertan, junto al de Aguas Blancas (Orán), en una de las fronteras más calientes y porosas de la droga, la trata, grandes contrabandos y otros delitos conexos.
Los 98 kilómetros que separan a Salvador Mazza de Yacuiba, con una quebrada seca de pocos metros, están ocupados por viviendas, galpones y fincas donde la presencia de gendarmes, policías federales y agentes aduaneros está impedida con candados y vedada por normas que prohíben allanar propiedades sin orden judicial. Así, por esos cien kilómetros, personas, mercaderías de contrabando, vehículos robados, armas, dinero del lavado o ladrillos de cocaína trasponen la permeable línea internacional fuera del alcance de los controles aduaneros, migratorios y de seguridad, circulares policiales, órdenes de detención y alertas rojas de Interpol.
En abril informes de inteligencia alertaron a nivel global sobre posibles atentados en países alineados con Israel. En ese contexto, la cartera de Seguridad de la Nación fue advertida sobre la presunta presencia en Bolivia de 700 integrantes de la Fuerza Quds, un brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que opera en distintas parte del mundo con la misma modalidad que el grupo Hezbolá del Líbano y las milicias chiítas en Irak y en Afganistán.
Un cargamento de granos incautado por Gendarmería en Aguaray.
De esta alerta dio cuenta la ministra Patricia Bullrich, quien semanas atrás avanzó con el gobernador Gustavo Sáenz en un plan acción y colaboración entre la Provincia y la Nación para reforzar la seguridad en los pasos fronterizos de Aguas Blancas (Orán) y Salvador Mazza (San Martín).
Consultada al respecto de la ocupación que registra la zona de seguridad en Salvador Mazza, Virginia Cornejo, exdiputada nacional por Salta y actual directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, recordó que los propietarios y ocupantes de tierras limítrofes a las fronteras de la Nación están obligados por una ley a permitir a la Policía Federal y Gendarmería el franco acceso a los puntos de comunicación internacional y su libre desplazamiento a lo largo de la línea divisoria.
Pese a una ley, tranqueras y portones obstaculizan a las fuerzas federales en inmuebles y galpones emplazados en la línea fronteriza.
La ley mencionada por la funcionaria es la 14.027, que mantiene plena vigencia desde julio de 1951, y también obliga a propietarios y ocupantes de inmuebles fronterizos a «consentir la instalación de los destacamentos que las autoridades consideren indispensables para la vigilancia de los pasos no habilitados» y a «denunciar inmediatamente» cualquier movimiento de personas o mercancías.
Salvador Mazza tiene cientos de pasos ilegales a lo largo de 100 kilómetros de frontera.
A lo largo del tiempo, en Salvador Mazza, no solo hubo un avance irregular sobre tierras fiscales de las Nación, sino que los inmuebles fronterizos, que en más de un caso se otorgaron por posesión veinteañal, son son utilizados para canalizar contrabandos, ingresos migratorios irregulares o cruzar vehículos robados con pagos de «peajes» que operan como aduanas paralelas. Redes del narcotráfico, tratantes y organizaciones del crimen transnacional aprovechan la ocupación de la zona de seguridad fronteriza para filtrar armas, víctimas de trata y grandes cargamentos de droga, como quedó a la vista con las dos fincas incautadas al clan Castedo en la zona de Madrejones. El Aybal y el Pajeal, dos inmuebles de Salvador Mazza que suman 25.000 hectáreas, fueron usadas por años como pantalla legal por una de las mayores organizaciones narcos de la región, que con ellas ejerció un dominio absoluto de 40 kilómetros de la frontera con caminos internos y tranqueras.
Cornejo remarcó que la presencia de Bullrich junto al gobernador Sáenz en Aguas Blancas, el pasado 11 de junio, reflejó la «firme decisión» de la Ministra de «combatir al narcotráfico» y el «crimen organizado» en la frontera norte.
En los últimos años, la frontera de Orán encendió alertas por crímenes vinculados con el narcotráfico y la presencia de sicarios. Solo entre enero y junio, en ese frente se decomisaron más de 400 kilos de cocaína, el doble de lo que fuerzas federales habían incautado en los dos años anteriores completos.
Una de las fincas con las que el clan Castedo dominó 40 kilómetros de la frontera.
En la línea de Salvador Mazza, además de fuertes incautaciones de cocaína, el contrabando organizado de granos y harina movió innumerables expedientes federales. Fuentes bien informadas señalaron a El Tribuno que desde 2020 entre 8 y 10 equipos de transporte recalaron diariamente en esa localidad fronteriza con soja, maíz y trigo. Aunque por estos días se observa un menor movimiento de granos, se siguen viendo descargas en propiedades y galpones linderos a la frontera, desde donde luego se los cruza a Bolivia en bolsas de 50 kilos con vehículos de menor porte e incluso carretillas.
En la zona, la incautación de equipos con legumbres y cereales sigue dando avisos, al igual que los ingresos de droga que en los últimos tiempos mostraron el alcance del poder corruptor de organizaciones del crimen transnacional con voluminosos secuestros de cocaína transportada no solo en camiones, camionetas o autos particulares, sino también en un carro de bomberos voluntarios, la ambulancia de una clínica privada y un patrullero policial.
Muchos se preguntan cómo es posible que miles de toneladas de granos que terminaron incautadas en Campo Durán, Aguaray o Salvador Mazza llegaran a la frontera desde campos de Santiago del Estero o Santa Fe sin despertar atención en los controles camineros.
Parte de la respuesta está en las cartas de porte a las que organizaciones del contrabando accedieron en los últimos años en la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (antes ONCCA) a cargo del Registro Unico de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). Otra parte de la respuesta está en las cartas de porte vendidas ilegalmente por 1.500 dólares. La explicación también está en expedientes federales como el que tiene a 11 gendarmes imputados por cobro de coimas o la causa por la que un excomandante, un alférez y un sargento del Escuadrón 54 de Aguaray recibieron penas de prisión por cohecho pasivo y como participes primarios de contrabando de exportación. En esas y otras causas conexas hay grupos de contrabandistas y finqueros imputados o condenados por contrabando de exportación agravado, asociación ilícita y lavado de activos.
Más inscriptos que el AMBA
El RUCA es el registro que habilita a operadores de la cadena agrícola para mover o recibir granos con las correspondientes cargas de porte. Un par de meses atrás Matías Longoni, periodista especializado en agro, hizo notar que Salvador Mazza, con menos de 21.000 pobladores, tenía inscriptos un molino de trigo, 15 operadores «Fraccionadores de Granos», 4 empresas registradas como «Procesadores de Granos» y 55 «Mayoristas» o «Depósitos de Harinas y Derivados Granarios».
En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde hay casi 15 millones de habitantes, el RUCA solo tiene registrados tres fraccionadores de granos en Lanús y 67 depósitos mayoristas de harina en La Matanza, Lomas de Zamora y La Plata. De esos datos se desprende que la mayor parte de las cargas de granos, cereales y harinas no tienen como destino al reducido mercado de Salvador Mazza, sino al contrabando que se canaliza hacia Bolivia a través de las fincas y depósitos instalados sobre la frontera.