Campo Quijano: El indignante caso de zoofilia tendrá medidas reparatorias
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, solicitó el pase inmediato a proceso de mediación en la causa contra una mujer de 32 años, acusada de maltrato animal y exhibiciones obscenas. A pesar de lo indignante del caso, que implica crueldad hacia una yegua preñada, la situación avanza con más burocracia que justicia efectiva. Una vecina logró filmar la escena aberrante y alertó a las autoridades, pero tras ser demorada, la mujer fue liberada, argumentando que «no sabía lo que hacía» por su estado aparente de ebriedad.
La mujer comenzó su espeluznante derrotero frente a la casa de una vecina, que alertó a la Policía. A pesar de las advertencias, la acusada siguió con la escena obscena y de maltrato. Luego se alejó llevándose a la yegua preñada. La Policía llegó a los minutos y demoró a la mujer.
La acusada con este tipo de inclinación sexual que podría ser interpretada como una parafilia manifiesta, llevó con su comportamiento a perjudicar al animal equino. Según el informe policial, no se encontraba en un estado de ebriedad extremo que pudiera justificar una pérdida total de consciencia sobre sus acciones, lo que sugiere que, a pesar de su aparente alteración, era consciente de la situación en la que se encontraba.
La impunidad
El horror se desató el domingo a la mañana en un loteo de Campo Quijano cuando una mujer de 32 años, completamente desnuda y fuera de sí, fue sorprendida maltratando a una yegua preñada. La escena, digna de una película, fue registrada por una vecina que intentó, desesperada, detener el cruel espectáculo sin éxito. A pesar de los gritos y la angustia de los testigos, la mujer continuó con su perturbado comportamiento hasta que la Policía intervino y la trasladó a la comisaría. Sin embargo, horas después fue liberada al argumentar que «no sabía lo que hacía».
La abogada Carmen Cartagena, representante de la fundación Ajuya Jalala, denunció la falta de una legislación adecuada para abordar este tipo de delitos. «La ley 14.346 contempla actos de maltrato y crueldad, pero no tipifica el abuso sexual hacia los animales. Estamos ante un vacío legal que permite que casos como estos queden impunes o se resuelvan con una simple probation», expresó con indignación. Cartagena explicó que, de existir la Ley Conan, que propone penas de hasta cinco años de prisión para estos delitos, la situación sería distinta y destacó que es necesaria una reforma urgente para evitar que actos aberrantes como este se repitan.
Inacción de autoridades
Pero la abogada no solo criticó la falta de normativas, sino también la inacción de las autoridades. «A ningún intendente le interesan los animales. Los funcionarios creen que por castrar unos cuantos perros se terminó el problema», sentenció.
Este caso dejó en evidencia la indiferencia y la complicidad de quienes deberían implementar políticas públicas para proteger a los animales. Mientras las autoridades miran hacia otro lado, la violencia hacia seres indefensos se perpetúa en un contexto de impunidad y desamparo total.
«Los intendentes no se interesan ni se preocupan por los animales. En el sur de la provincia, por ejemplo, hay caballos que se desploman todos los días en la vía pública y a nadie le importa. Los intendentes no saben implementar políticas públicas para proteger a los animales».
Lo que podría aplicarse
Trabajos comunitarios: el imputado debe prestar servicios gratuitos a favor de una entidad pública o institución de bien público.
Terapias o tratamientos específicos: en casos en los que el delito esté relacionado con consumo de sustancias o conductas desviadas, el juez puede exigir que el imputado se someta a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o terapias de rehabilitación.
Reparación económica: el imputado puede verse obligado a pagar una suma de dinero como compensación a las víctimas o a cubrir los gastos generados por el daño causado.
Prohibición de realizar ciertas actividades: s pueden imponer restricciones en actividades que estén relacionadas con el delito cometido. Por ejemplo, prohibirle a una persona que cometa actos de maltrato animal, la tenencia de animales.
Respetar normas de conducta: el imputado debe comprometerse a mantener una buena conducta, evitar consumir alcohol o drogas y no cometer nuevos delitos durante el período de prueba.
En general, el objetivo de estas medidas es que el imputado asuma la responsabilidad por sus actos, repare en la medida de lo posible el daño causado, y demuestre su voluntad de no reincidir, con la prohibición de acercarse a la víctima.