Basura en las calles de la Ciudad por un apriete de los Moyano que apunta a la licitación de las grúas

La Ciudad amaneció con contenedores de basura desbordados y bolsas en veredas y calles de varios barrios por una protesta de los recolectores, encuadrados gremialmente en el sindicato de Camioneros, que conducen Hugo y Pablo Moyano. La medida de trabajo a reglamento tiene que ver con las demoras y las negociaciones por la licitación del sistema de grúas de acarreo, en la que dos de las tres empresas que tienen firmada la preadjudicación están vinculadas con la recolección de basura.

Según pudo saber Clarin, la recolección en toda la Ciudad, que está dividida en siete zonas que gestionan diferentes empresas, se cumplió solo en un 35%.

“El Sindicato de Camioneros se encuentra en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento en la Rama de Recolección y Barrido, se analizan también otras medidas en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores”, expresó el gremio a través de un comunicado. Y dijeron que la medida tiene que ver con que la Ciudad quiere cambiar el convenio de los casi 350 empleados que operan las grúas de acarreo, que desde octubre de 2022 son empleados de Sbase.

Más allá del comunicado del gremio, el verdadero origen del conflicto tiene que ver con el intento del Gobierno que encabeza Jorge Macri de reducir los 57 mil millones de pesos por diez años bajo los que se firmó la preadjudicación de los contratos, en los últimos días del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Desde hace meses hay negociaciones al respecto, y como el acuerdo parece estar lejos, desde la Ciudad sostienen que el convenio de los empleados no está en discusión, y que en realidad se trata de «apriete» para que la licitación no se caiga.

«Es raro, porque en recolección no tenemos ningún problema con el gremio. Con lo cual, todo lo que se recolecte mal, estamos multando a las empresas. Pero sí tenemos una discusión en una preadjudicación en una licitación de acarreo. Que no tiene nada que ver con esto», declaró esta mañana Jorge Macri en una entrevista con radio La Red.

«Entonces parece que Camioneros tiene esta lógica que es ‘te aprieto donde creés que más duele’. A mí, si me van a querer llevar de prepo, va a ser difícil. Yo tengo experiencia, tengo firmeza», agregó el jefe de Gobierno porteño.

El proceso de licitación del sistema de acarreo comenzó hace un año y ocho meses, luego de que la Ciudad terminara, luego de tres décadas, con la concesión de las empresas Dakota-STO y BRD-SEC, que operaron dos décadas con contratos vencidos y pagaban un irrisorio canon de $ 55.000 por mes. Desde ese momento, AUSA, la empresa estatal porteña que gestiona las autopistas, opera el servicio, aunque los empleados tiene relación de dependencia con Sbase, que opera los subtes.

Según confirmó Clarín, tras acceder al convenio que emplea a los trabajadores, el vínculo no se termina en octubre, como afirman desde el gremio. Por el contrario, está estipulado que finaliza una vez que se resuelva la licitación. Por lo cual si esto no ocurre y la preadjudicación se cae, siguen como empleados de Sbase.

«Me llama la atención porque al gremio le dijimos que si bien esa preadjudicación hay que revisarla porque es medio escandalosa, también les garantizamos el trabajo a los 350 camioneros. Porque si manteníamos las grúas, las íbamos a operar nosotros. Entonces no entiendo qué defienden. ¿Defienden a las empresas?», dijo con tono irónico Macri esta mañana. «Nosotros le dimos garantía de estabilidad a los trabajadores. Entonces ¿qué hay atrás? Es para preguntárselo», concluyó.

Una vez que la Ciudad le terminó con las polémicas concesiones, comenzó el proceso de licitación. El objetivo era cumplir con la ley de 2020 para dividir la Ciudad en tres grandes zonas con dos playas de acarreo cada una. Después de varias demoras, finalmente en diciembre se firmó la preadjudicación.

La primera de las tres empresas, que se haría cargo de la zona norte, es la unión entre Ashira SA y Ecoba. La primera tiene, desde 2014, asignada la recolección de residuos en barrios como Flores, Parque Chacabuco, Caballito, Boedo y Almagro.

La segunda pertenece al rubro de la construcción y también tiene contratos con la Ciudad para mantenimiento del espacio público. Esta previsto que la playa de acarreo que está junto a la Facultad de Derecho se mantenga, y se sume una nueva en Chacarita, en Guzmán al 900.

Hay versiones que indican que existe algún tipo de vinculación entre Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio con el gremio de Camioneros, que conducen Hugo y Pablo Moyano. No solo por la participación activa que tuvo cuando se hizo el traspaso de los empleados de las ex concesionarias a las Ciudad. Como se dijo, Ashira, en conjunto con Martin & Martin, es contratista del Gobierno porteño en la recolección de residuos.

Antes de la adjudicación en 2014, diferentes versiones sostuvieron que Ashira tenía algún tipo de vínculo con el hombre fuerte de Camioneros, a quien también se lo relacionó con BRD-SEC, una de las empresas que gestionó el estacionamiento medido y el acarreo hasta el año pasado y durante más de 30 años. Aunque nunca se pudo obtener información concreta sobre los dueños reales de las empresas.

SAEM SA, la única con experiencia previa en la operación del servicio de acarreo. Es la que fue seleccionada para hacerse cargo de la zona sur. Se trata de una compañía que tiene la concesión del sistema de estacionamiento medido en Neuquén. Además, a través de Tránsito Rosario es la encargada de gestionar el sistema de Acarreo y Estacionamiento medido de Rosario desde 2009.

Según publicó Clarín el año pasado, ya se había presentado en licitaciones previas, en 2014 y 2018, que luego fueron desestimadas por amparos y trabas judiciales. Las playas ya están hechas en Tacuarí y San Juan y debajo del Obelisco.

En esta empresa tiene injerencia Horacio Miró, un empresario porteño que tuvo negocios en Córdoba, que también tuvo vínculos con el consultor político Guillermo Seita, asesor, entre otros, de Horacio Rodríguez Larreta, el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti y Sergio Massa.

Ahora, en un contexto de crisis económica y caída de la recaudación, la Ciudad busca achicar gastos y está revisando este y otros acuerdos heredados de la gestión anterior. El mes pasado se anunció la suspensión del plan de reconversión del microcentro, que incluye exenciones impositivas para los desarrolladores que inviertan en la zona. Y ahora quedó claro que el acarreo también está bajo revisión.

Se espera que sigan las conversaciones, aunque la cuestión podría definirse en los próximos días. Si no hay acuerdo con las empresas, como el dictamen firmado el año pasado no es vinculante, la preadjudicación podría caerse. En ese caso, la Ciudad debería resolver si sigue operando el servicio en el área actual, se hace cargo de las tres zonas o lanza una nueva licitación con otros términos.