Asoman más imputaciones por el robo y contrabando de rieles
El pasado martes, la localidad de Coronel Juan Solá o Morillo, como también se la conoce por el nombre de su estación ferroviaria, madrugó con un jefe comunal interino y una empobrecida población preguntado por lo bajo que será de Atta Miguel Gerala.
En la tarde del lunes el intendente al que la Unidad Fiscal Salta del fuero federal tiene apuntado como presunta cabeza del robo y contrabando de vías férreas del ramal C25, presentó al Concejo Deliberante del Municipio de Rivadavia Banda Norte un pedido de licencia por 30 días, sin exponer motivos en la solicitud que esa misma noche, en una sesión extraordinaria, fue aceptada.
Tras el procedimiento express, Claudio Gerardo Ruiz, el presidente del cuerpo de siete ediles, quedó al frente del Municipio de Rivadavia Banda Norte, en principio, hasta diciembre, pero la licencia sin goce de haberes de Atta Gerala podría ser menos provisional y transitoria que lo que espera el llamado «señor» de Morillo. Ante el temor que infunde su figura, muchos guardan el silencio. Aún así, ayer fuentes de la zona señalaron que años atrás funcionarios del ferrocarril ya habían advertido sobre sustracciones de piezas ferroviarias por las que pidieron investigar la finca del intendente sin respuestas ante esa denuncia. Las mismas fuentes remarcaron que entre 2018 y 2019 se construyó en el paraje La Tosca, al sur de Los Blancos, un puente en el que se habrían usado rieles ferroviarios. Esa, según indicaron, habría sido una obra pública presupuestada por la Intendencia de Morillo en momentos en que el hoy intendente interino, Claudio Ruiz, era concejal.
En las últimas tres décadas el poder e influencias políticas de Atta Gerala quedaron de manifiesto ante innumerables denuncias por malversación de fondos y manejos turbios, incluida una causa en la que está procesado desde 2016 por peculado y espera resolución desde abril 2019 en el Tribunal de Juicio de Tartagal. Sin embargo, en el pueblo que nació con el ramal C25 se lo ve «preocupado» desde el pasado jueves 29 de octubre. Esa mañana Morillo se despertó con un inusual despliegue de fuerzas federales que en esa localidad del chaco salteño, Orán y Aguas Blancas allanaron nueve propiedades y fincas fronterizas por una orden del juez federal de Orán, Gustavo Montoya, ante un requerimiento del fiscal Eduardo Villalba. Entre los inmuebles en los que gendarmes y agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) incautaron rieles cortados, 150 toneladas de material ferroso y otras mercancías con una valuación de $380 millones, resaltaron propiedades ligadas al intendente de Rivadavia Banda Sur y su hijo, José Miguel Gerala, quien ese mismo jueves fue detenido junto a David Edilberto Medina. De acuerdo con la imputaciones que Villalba formalizó al día siguiente contra ambos, Medina coordinaba en Orán el contrabando de los rieles que el hijo de Atta Gerala hacía cortar a originarios de la zona de Morillo.
Con herramientas y maquinarias del Municipio
En la audiencia de imputación, el fiscal Eduardo Villalba remarcó que los rieles eran extraídos con herramientas y maquinaria suministradas por el Municipio. Subrayó que las pruebas apuntan también a la posible connivencia de gendarmes del puesto 28 de Julio (Orán).
Sobre la situación del hijo de Atta Gerala, conocido como «Yopi», Villalba precisó que aparece en la investigación como «el encargado de organizar la extracción de rieles». Con distintas medidas de prueba se estableció que habría suministrado maquinaria y herramientas a miembros de comunidades aborígenes para que cortaran los rieles, aprovechando su influencia en la zona y el respaldo de su padre.
Atta Gerala, el intendente con licencia por 30 días.
De acuerdo con las escuchas telefónicas, José Miguel Gerala, manifestó en varias ocasiones tener toneladas de material listo para ser trasladado a Orán, donde Medina gestionaba un galpón para acopiarlo. El juez Montoya, al aceptar el pedido de prisión preventiva por 60 días, recalcó que la influencia del intendente Gerala en la región podría ser un factor de riesgo para la investigación y marcó la gravedad del daño causado al patrimonio ferroviario nacional. Además, calificó de «vergonzosa» la complicidad de las fuerzas de seguridad locales en la organización. El magistrado, en línea con el fiscal, valoró el interés de la empresa Belgrano Cargas en recuperar los rieles sustraídos y comparó el caso con el saqueo de caños del Gasoducto del NEA en 2020.
La Fiscalía aclaró que «la investigación continúa» y que existen «fuertes elementos de prueba» sobre otros integrantes de la actividad delictiva, de la cual el intendente «no sería ajeno». Días atrás fuentes de la Unidad Fiscal Salta habían adelantado que Atta Gerala es «uno de los principales investigados». Vienen en camino más imputaciones.