Aguaray, los caños del GNEA y algunos de los casos anteriores
Un año antes de Salvador Mazza, en el mismo departamento San Martín, el Gobierno provincial decidía la intervención de Aguaray cuando la Justicia federal le imputaba al entonces intendente Jorge Enrique Prado la autoría material e intelectual del robo de los caños del Gasoducto del NEA, la línea de conducción que llevaría el gas hacia esa región, proveniente de Bolivia y de los pozos de la cuenca del NOA.
Un año antes de Salvador Mazza, en el mismo departamento San Martín, el Gobierno provincial decidía la intervención de Aguaray cuando la Justicia federal le imputaba al entonces intendente Jorge Enrique Prado la autoría material e intelectual del robo de los caños del Gasoducto del NEA, la línea de conducción que llevaría el gas hacia esa región, proveniente de Bolivia y de los pozos de la cuenca del NOA.
En una maniobra que llevaba meses, los caños eran desenterrados y vendidos en otras provincias, provocando un daño cuantioso a las arcas del Estado nacional, tomando en cuenta que los caños ya estaban colocados bajo tierra. Cada uno – con 12 metros de largo y de alta presión- se valuaba en más de 7 mil dólares. Fueron varios kilómetros saqueados por lo que Prado fue primero intervenido y a los meses quedó detenido por la Justicia federal en el penal de Güemes.
Allí pasó un mes, pero la defensa logró su libertad y el juicio oral y público lo encontró en esa situación. Si bien fue condenado, la misma defensa apeló la medida por lo que el ingeniero Prado sigue en Aguaray y ejerciendo como docente en dos escuelas técnicas de esa localidad hasta tanto las instancias superiores -tribunales de Apelación o Suprema Corte- confirmen el fallo lo que demandaría varios años.
De la lista de imputados, solos dos cumplen con prisión efectiva: Manuel Cornejo y Lucía Canchi, exintendentes de Quijano e Isla de Cañas.
La lista se completa con otros imputados entre los cuales se destaca Julio Jalit, quien tiene escandalosas causas judiciales con fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y contaminación. Pese a ello y por la demora en su condena, resultó electo nuevamente en Pichanal.
Sesión especial en el Senado
Tal como lo adelantara este medio, el Senado provincial convocó para hoy a una sesión especial con el objetivo de tratar la intervención del Municipio de Coronel Juan Solá (Estación Morillo). La convocatoria fue formalizada a través de la resolución presidencial N° 12/2024, firmada por el vicegobernador Antonio Marocco, quien destacó la urgencia de la situación.
La sesión se llevará a cabo a las 10.30 y tiene como propósito tratar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que propone la intervención del municipio de Morillo, a raíz de la grave situación procesal de su actual intendente, Atta Miguel Gerala. El jefe comunal se encuentra detenido en su domicilio, acusado de estar involucrado en el robo de rieles y material ferroviario perteneciente al ramal C-25, un delito que afecta directamente al patrimonio del Estado nacional.
Según informaron fuentes del gobierno provincial, la decisión de intervenir el municipio fue tomada luego de evaluar las implicancias legales y políticas del caso, especialmente considerando la gravedad de las pruebas que vinculan a Gerala con el delito, así como la situación procesal de otros implicados, entre ellos su hijo, José Miguel Gerala (alias «Yopi») , quien también está involucrado en los hechos delictivos.