El decreto que impone el secreto sobre las negociaciones previas a las decisiones de gobierno desató una nueva crisis en la cúpula del oficialismo. Esta indemnidad protege la tarea del personal como la del monotributista Santiago Caputo y otros funcionarios que, sin responsabilidad formal, actúan como decisores en el más alto nivel.
La firma del decreto cobró necesidad y urgencia desde que los abogados del fondo Burford, que accionan contra la Argentina en la causa por la estatización de las acciones de Repsol en YPF en los tribunales de Nueva York, reclamaron que se les entreguen los teléfonos y los chats de Caputo y de funcionarios y ex funcionarios del actual y del anterior gobierno.
La juez Loretta Preska discutió ese pedido con la partes en las mismas horas cuando se conoció el decreto que busca proteger la viscosa intimidad de los hombres del presidente. En esos chats, según los querellantes, estarían las pruebas de que hay bienes del Estado nacional embargables en esa causa, sobre los que deciden estos personajes.
Pregunta la Corte: «- I am sorry. Wich Caputo?» El defensor argentino responde. «- Both Caputo, your Honor». (lo reproduce el abogado Sebastián Soler en su mensaje del viernes).
El gobierno aclaró de inmediato que la jueza se limitó, por ahora, a solicitar “la entrega de correos electrónicos de cuentas oficiales de un ex Secretario de Industria y Desarrollo Productivo y un ex Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía. Ninguna orden de presentar correos u otros datos se emitió respecto del Ministro Caputo, su antecesor y asesores del gobierno”.
Este paso de comedia en Manhattan forzó la reaparición del monotributista, que había pasado a la clandestinidad desde la última reunión Macri-Milei.
Ocurrió en medio de la sesión informativa de Guillermo Francos: «- Soy Santi…» aparecía desde un teléfono ajeno negando que habría cambios en el decreto 780. Se explica el pánico que evoca aquel “Soy Giordano”, que no eximió al peluquero de las broncas callejeras, aunque ese pedido de los abogados de Burford es una presión para que la Argentina suelte una moneda.
Judicialmente es una medida de difícil, si no imposible, complimiento. El entuerto en Nueva York es una causa comercial, una puja entre privados. No es una causa criminal que genere obligaciones. Sería, además, un trámite complejo y larguísimo con exhortos, idas y vueltas que se enredaría en un laberinto. Pero se explica el pánico: la justicia mete miedo, se sabe cómo comienzan estas tramas, pero nunca cómo terminan. Y castiga a los que se meten en política sin cobertura partidaria. Lo vivió María Julia Alsogaray.
Inmunidades en peligro
La reglamentación del acceso a la información del decreto 780/24 constituye una protección sobre la conducta de funcionarios públicos y también privados que sugieren medidas sin asumir responsabilidad ni exposición pública. Está contenida en el art. 3° del decreto: “Las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.
Este hecho prueba la importancia del decreto para el gobierno y la escalada interna de Caputo por impedir que se lo revise. Se enfrentó en las últimas horas con Guillermo Francos, la secretaria María Ibarzabal y Martín Menem, que apoyan la revisión y hasta la derogación del decreto. Es la crisis interna más grave del gobierno, por encima de los relevos del anterior jefe de gabinete Nicolás Posse.
Se juega la inmunidad del hombre a quien Milei consagró por TV como “monje negro” de su gobierno. No está probado que eso sea cierto, ni que el haya decidido nada importante en la gestión. Pero el propio presidente lo exhibe como su «yo auxiliar” para potenciar la arbitrariedad propia de todo gobierno débil. Los validos (guglear), como este Caputo, o antes el Soldado Chamamé de Menem, o el Manuel Godoy de Carlos IV (1792-1808) son las herramientas de la real gana de quien gobierna.
La casta se protege
El pánico exhibido por el asesor apenas escuchó el miércoles a Francos admitir que se revisará la medida puede ser la prueba de que ese decreto se dictó para alzar un arco de protección sobre su opaca tarea.
No es creíble la explicación que se escucha en el nivel de los choferes, cocineros y ordenanzas del gobierno, sobre que el decreto se dictó para levantar más los muros alrededor de la intimidad del presidente y que “no le hagan a él lo que le han hecho a Alberto”.
El gobierno advirtió de inmediato el efecto negativo de ese decreto y, en boca de Francos, prometió en el Congreso que revisarán el texto, cuya derogación pidió la oposición. Desde este lunes, el gobierno se reunirá con dirigentes de la oposición amigable para convenir los términos de su revisión o derogación.
No es lo que acostumbra a hacer el gobierno, que suele empecinarse en decisiones tóxicas y contra su interés, como ocurrió con el DNU que habilitó una suelta de $ 100.000 millones para los espías.
El manotazo al celular ajeno
La decisión de revisar el decreto sobre la información pública provocó la reacción de un potencial beneficiario, Caputo, que desmintió que eso fuera a ocurrir. Proteger ese escudo lo llevó al extremo de apresurar el desmentido, llamando a la diputada Karina Banfi desde el celular de la funcionaria que redactó la norma y que había prometido revisarla.
Una manera de 1) dar la señal de que esa funcionaria depende de él; 2) asegurarse de que el mensaje llegaba a quien, si la llamaba con su propio celular, no lo atendería. Francos y la funcionaria María Ibarzabal desmintieron al monotributista y citaron para esta semana a los bloques amigables – PRO, UCR – para discutir qué harán.
Si se modifica o si directamente se lo deroga. Martín Menem, presidente de la Cámara, auspicia estas reuniones y la revisión del decreto. Cuando se enteró de que Caputo negaba esta posibilidad montó en cólera con expresiones como «- ¡Estos tipos nunca entienden nada, no entienden cómo funciona el Congreso!» (usó un lenguaje escatológico que este cronista alivia por decoro profesional).
Francos repitió la promesa de revisión cuando terminó el informe en Diputados ante Ricardo López Murphy. Lo mismo hicieron el jefe de gabinete e Ibarzabal ante la diputada radical Karina Banfi. Esta legisladora radical trabajó en la elaboración de leyes de acceso a la información en 15 países de América Latina y el gobierno le reconoce esa experiencia.
En 2016 llegó al Congreso por el sector de Ernesto Sanz-Jesús Rodríguez y participó junto a Pablo Tonelli en el trámite legislativo que culminó con la sanción de la Ley 27265/16 de Acceso a la Información, sobre el proyecto enviado por Adrián Pérez y Marina Carbajal, funcionarios de Mauricio Macri en el ministerio del Interior.
Un producto del mejor Cambiemos
Esa ley expresa el mejor momento de la coalición Cambiemos, y el toqueteo alimentó el rechazo en los bloques amigables. Extraña que un gobierno hiperglobalista como el actual quede descolocado por este decreto, que atrasa por su raigambre autoritaria.
Miguel Pichetto advirtió en su discurso en Diputados ante el jefe de gabinete que gobierno debería actualizarse. «Vivimos en un mundo donde la información – afirmó -, más temprano que tarde, llegará. Vemos que se ha reglamentado un tema que para mí es muy importante, señor Jefe de Gabinete, que tiene que ver con el artículo 3º y los actos preparatorios que llevan a la resolución de un decreto.
Eso forma parte de una esfera de limitación del acceso a la información. Los papeles reservados, los papeles privados, el intercambio entre ministros, la verdad, eso me parece que debería estar abierto a la información».
Banfi puso el acento en las consecuencias de este decreto en las negociaciones para el ingreso de la Argentina en la OCDE. “¿Saben dónde está el problema? – ironizó en su participación en el debate – En el dolor de cabeza que va a tener nuestra canciller cuando vea este decreto. Y después de haber recibido a la misión de la OCDE, ¿qué le va a decir? ¿Que nosotros estamos restringiendo el acceso a la información pública mientras ella está haciendo esfuerzos para que nosotros ingresemos a la OCDE?”
Francos es un funcionario que estuvo en organismos internacionales, y conoce el valor de las acreditaciones de los países para mejorar el riesgo-país. De paso, un hijo de Francos, Cristian, abogado experto en temas de transparencia e integridad con un exitoso desempeño en los Estados Unidos, estaba el miércoles de visita en la Cámara y escuchó este debate que recién comienza.
Alguna advertencia habrá hecho. Francos (h) fue uno de los expositores en el «7th Marval Summit on Compliance, anti Corruption, and Investigations» que organizó el estudio Marval O’Farrell Mairal. Ese encuentro fue organizado para exaltar la necesidad de transparencia que tienen que acompañar los emprendimientos públicos y privados. El libre acceso a la información pública es uno de los capítulos centrales.
El crimen no paga, tampoco el transfuguismo
La discrecionalidad que ampara este decreto remite al estilo arbitrario del personaje que desempeña Milei. Es una herramienta de los gobiernos débiles para construir una fuerza y una autoridad de la que carecen de origen.
La veda al conocimiento por parte del público del tramo más importante de las decisiones de un gobierno es un signo de autoritarismo protectivo, que responde al estilo del actual gobierno.
Pero es más importante porque dificulta el conocimiento de cómo este gobierno recibió y recibe proyectos de vecinos sin cargo, estudios jurídicos privados y empresas, redactados como políticas de tarifas y precios de las naftas – inquietud de la jueza Preska – así como borradores de leyes, DNUs, bocetos de sentencias judiciales y hasta una presunta acordada de la Suprema Corte.
Esa reglamentación del art 3° de la norma también hace más difícil el conocimiento, hoy y en el futuro, de las relaciones del gobierno con sus aliados en el oficialismo y en la oposición, para administrar un programa que no le pertenece y que ejecutan funcionarios de partidos que el público votó en 2023 para ser oposición, y no oficialismo.
Es un tema central para conocer a fondo las disfuncionalidades del transfuguismo electoral del cual se nutre el actual gobierno, entorpece la solución de los problemas, fomenta acuerdos oscuros e inconfesables y debilita la solidez del sistema político, que es uno de los activos más valiosos de la vida pública argentina.
Esa solidez del sistema permitió la alternancia pacífica del poder, por la que llegó a la presidencia Javier Milei, el cuarto presidente de minorías en lo que va del siglo XXI.
Banalidades perrunas
El exceso de protección se aparta de la sensatez del dictamen del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, de julio pasado, en donde establece límites razonables al derecho a la información pública, cuando se busca conocer detalles personales de los funcionarios que, ante la duda, es mejor proteger como espacio de intimidad.
El Dictamen Jurídico de Barra (N° F-2024-77387127-APN-PTN) del 23 de julio se refiere con precisión a la demanda de quienes piden datos sobre sobre las mascotas que habitan en la residencia presidencial, «tales como, la cantidad, raza, nombre, edad, marca y tipo del alimento que consumen, elementos destinados al cuidado y manutención, incluido su embellecimiento».
El dictamen de Barra sugiere reglamentar el art. 3° de la ley, pero sólo para evitar gastos superfluos ante demandas que ponen la mirada en una “esfera típicamente doméstica. La banalidad misma de la cuestión – afirma – impone no sólo el rechazo del pedido, sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”. No se refiere a que se ponga bajo un paraguas la documentación previa a una decisión de gobierno.
