21 de septiembre de 2024

Se dieron a conocer las nuevas autoridades del Servicio Penitenciario de Salta

A través del Boletín Oficial, el gobierno oficializó a la nueva cúpula del Servicio Penitenciario del penal de Villas Las Rosas.

Mediante el decreto 366, con fehca 24 de junio de  2024,  se nombró a Enrique Daniel Torres como nuevo Director General del Servicio Penitenciario de Salta. Asimismo, Romina Calisaya fue nombrada subdirectora.

La noticia del cambio se conoció luego de la renuncia del jefe de la Policía de Salta Miguel cEballos, aunque no había trascendido el nombre. Daniel Torres, reemplazará entonces a Carina del Valle Torres quien se había convertido en primera mujer que había asumido en el máximo cargo jerárquico institucional, en abril de 2022. . El exministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo fue quien la había puesto en funciones

Panorama

El sistema carcelario de la provincia está en emergencia desde julio de 2022. Y en los últimos informes que se conocieron, se habla de una sobrepoblación de más del 30 por ciento. Las situaciones más críticas están en la Alcaidía de la Capital y en el penal de Villa Las Rosas. Por lo que es un gran desafío para quien asuma..

En los últimos meses, el Servicio Penitenciario de Salta se vio envuelto en un escándalo por denuncias de corrupción. Funcionarios, internos y familiares están acusados de formar parte de una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas donde cada uno desempeñaba un papel especifico.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban que el personal de la Unidad Carcelaria Nº1 de Salta estaba involucrado en actividades ilícitas, entre las que se cuentan solicitar sobornos a cambio de beneficios para los internos o facilitar la introducción de elementos prohibidos y drogas a la cárcel.

El mes pasado, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, requirieron juicio para 20 personas imputadas, entre funcionarios, reclusos y familiares, de las cuales 12 se encuentran con prisión preventiva. Durante la investigación se analizaron más de 50 cuentas bancarias, de las que se obtuvo un resultado de más de 1000 transferencias realizadas por familiares de presos. Además, se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales, durante el periodo investigado entre 2021 y 2023.

Eltribuno

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