El derrumbe que se llevó dos vidas y la incertidumbre de 13 familias: no saben cuándo podrán volver a sus casas

Fue el 29 de noviembre de 2022 cuando comenzaron a demoler la clínica que estaba ubicada en Pedro Goyena 551. Arrancaron a excavar sin parar. Fue a partir de ese momento, también, cuando los vecinos del PH lindero comenzaron a notar grietas, repentinos temblores y pedazos de escombros en el pasillo. El resto de la historia es conocida: el 8 de febrero de este año, durante el mediodía, los vecinos escucharon un cimbronazo, abrieron sus puertas y no existía el pasillo ni el suelo, todo se lo había llevado la tierra. Al mismo tiempo Ramón y su hermana Nélida Acuña eran devorados por un sin fin de escombros: los dos murieron. Ya pasaron cuatro meses, y los vecinos continúan pidiendo volver a sus casas y que la Justicia acelere los tiempos.

Son 13 las familias afectadas. Están en departamentos alquilados y otros, cómo pueden, en las casas de sus familiares. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a Clarín, la fiscal Mariela De Minicis firmó el viernes el inicio de las pericias formales. Comenzarán esta semana y contarán con la presencia de todas las partes.

El edificio que provocó el desastre estaba diseñado para tener 10 plantas con una altura de 29,8 metros, con dos niveles de subsuelo y una profundidad de 5,7 metros. Como titular del emprendimiento figura la empresa Mab Inversiones S. R. L. que fue constituida por Yanina Natalia Cueto, Fernando José Cueto y Jorge Ezequiel Cueto.

“En estos momentos estamos viviendo en un departamento de tres ambientes, cuando en realidad vivía en el departamento número “4”, que tenía cuatro ambientes, un quincho, parrilla, dos baños y una terraza; el que compartía desde 2003 con mi señora, Alicia, y lo habíamos hecho todo a nuevo”, comienza relatando Alberto Simone (53), uno de los damnificados.

“Siento mucha tristeza por no poder entrar a la casa donde se criaron mis hijos. Con el paso que va esto, estaremos afuera de nuestros hogares, por lo menos, un año más. Da mucha bronca, porque todos (los implicados) duermen en sus casas mientras nosotros estamos como nómades de propiedad en propiedad”, reflexiona Alberto.

Lo cierto es que hasta que la fiscalía no realice las pericias técnicas, la empresa MAB Inversiones SRL no podrá poner en marcha la reconstrucción de los departamentos. Según pudo saber Clarín, deberán ser los encargados de contratar otra empresa para que lo lleve a cabo.

Según fuentes del Gobierno de la Ciudad, después de cuatro meses, recién el jueves 6 de julio los vecinos mantuvieron la primera reunión con la constructora y uno de sus dueños, Ezequiel Cueto, además del jefe de Gabinete, Néstor Grindetti. Allí se estipuló que se tardará aproximadamente seis meses para reconstruir el pasillo y lo que fue dañado por el derrumbe. La cuenta regresiva comenzaría cuando se terminen las pericias: mientras tanto, no hay una fecha pautada.

Hace pocos meses el Gobierno diseñó una pasarela para que los vecinos puedan ingresar a sus hogares y sacar las pertenencias que quieran. Con bolsas y valijas, los propietarios esperan su turno para ingresar a sus casas. “Pudimos sacar muy pocas cosas, porque el tiempo que nos dan no es tan largo. Las casas están llenas de ratas, pedazos de mampostería, humedad por todos lados, las puertas están torcidas y hay un olor impresionante”, explica Susana Vázquez.

Cuando ocurrió el desastre, muchos propietarios estaban distribuidos en hoteles, algunos en las casas de familiares o amigos. La constructora no se hacía cargo de los costos para que los vecinos puedan acceder a un alquiler temporario. La última nota de Clarín sobre el derrumbe explicaba que la empresa les había hecho llegar a los vecinos un formulario en el que, al firmar, a cambio de un cierto monto de dinero, la eximía de culpa y cargo por lo ocurrido.

Ahora el panorama es distinto. La empresa comenzó a costear los gastos de alquiler de cada propietario y en esta última reunión les aseguraron a los vecinos que se harán cargo de pagar los alquileres hasta diciembre, aunque con posibilidad de extensión hasta que los propietarios puedan volver a habitar sus hogares.

“Todos los días son difíciles”, expresa Tania, otra propietaria. “Lidiar con el alquiler, las cosas de un nuevo lugar, es desgastante. Recién hace dos días tengo agua caliente en donde estamos”, le explica a Clarín. Y agrega que tuvo que poner un abogado para que la constructora le pague el alquiler que tiene que pagar para vivir.

“Nos habían mandado a un hotel, pero no podía estar ahí con mis hijos y mis animales. Es una lucha lidiar con el día a día después de que te quedaste en la calle, de un segundo para otro. Eso, más el costo emocional por la pérdida tan cruel de nuestros vecinos, todo es difícil y hay que seguir luchando para todo desde”, describe.

En la unidad número dos estaba Julio, que vivía desde que se construyó el inmueble. Ese 8 de febrero fue rescatado por los bomberos en una camilla y con oxígeno. Era un hombre mayor, no vidente y sin capacidad auditiva. El Gobierno lo había ubicado en un hotel. Allí murió hace diez días.

“Ellos (el Gobierno) autorizaron a través de sus controles reglamentarios al avance de la construcción, son tan responsable como la constructora, por las vidas que se llevaron y el desarraigo de todos nosotros. Lamentablemente él (Julio) no pudo volver a ingresar nunca más a su casa, incluso cuando se hizo la demolición por temas de seguridad, muchos restos de escombros cayeron sobre la entrada de su propiedad provocando que se cayera el techo de aluminio que estaba sobre el living, en el ingreso de su casa”, manifiesta Alberto.

Los pedidos de Justicia y celeridad por parte de los vecinos son incesantes. Elisa, propietaria de la unidad 13 espera “que funcione la institucionalidad”. “La fiscalía no ha hablado con nosotros, ni nos ha pedido testimonio. La fiscal De Minicis no se ha preocupado por nosotros. Necesitamos que se apuren los tiempos, para que la constructora inicie las tareas de reconstrucción”, reclamó.