Duras críticas al proyecto arancelario de la Corte de Salta
Con un pronunciamiento publicado el fin de semana en el sitio oficial del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, el consejo directivo de la institución manifestó su preocupación en torno al proyecto de ley propuesto por la Corte salteña mediante acordada 14.107, por considerar que el nuevo requisito de admisibilidad que se incluiría para los recursos de queja, en el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, «podría vulnerar garantías y principios constitucionales fundamentales». El Colegio profesional que preside Daniel Díaz Lenes informó que, en breve, solicitará a las autoridades de las cámaras legislativas tener intervención en el debate en comisiones de la iniciativa que la Corte remitió al Senado el pasado 22 de marzo con las firmas de las juezas Teresa Ovejero Cornejo, Adriana Rodríguez Faraldo, María Edit Nallim, María Alejandra Gauffín y sus pares Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Pablo López Viñals y José Gabriel Chibán.
Con un pronunciamiento publicado el fin de semana en el sitio oficial del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, el consejo directivo de la institución manifestó su preocupación en torno al proyecto de ley propuesto por la Corte salteña mediante acordada 14.107, por considerar que el nuevo requisito de admisibilidad que se incluiría para los recursos de queja, en el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, «podría vulnerar garantías y principios constitucionales fundamentales». El Colegio profesional que preside Daniel Díaz Lenes informó que, en breve, solicitará a las autoridades de las cámaras legislativas tener intervención en el debate en comisiones de la iniciativa que la Corte remitió al Senado el pasado 22 de marzo con las firmas de las juezas Teresa Ovejero Cornejo, Adriana Rodríguez Faraldo, María Edit Nallim, María Alejandra Gauffín y sus pares Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Pablo López Viñals y José Gabriel Chibán.
De esta forma, el Colegio de Abogados y Procuradores marcó una postura institucional frente a la iniciativa legislativa que desde comienzos de semana había despertado cuestionamientos en el foro local. Fue María Fernanda Guillén, magister en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, la primera en señalar aspectos controvertidos del proyecto a través de una columna publicada en El Tribuno. En ella, Guillén consideró que «restringiría las quejas favoreciendo a quienes gocen de mejor posición económica y social, en desmedro de las capas sociales desfavorecidas». También subrayó que «la doctrina constitucional mayoritaria coincide en que la exigencia de depósito conculca el acceso a la Justicia, limitando la llegada de casos mediante una traba económica que viola el principio de igualdad ante la ley». En la misma línea, otros letrados salteños, como el constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta y Roque Rueda, hicieron críticas observaciones en torno de la modificación procesal.
Tras analizar el proyecto, el consejo directivo del Colegio de Abogados también concluyó que «la exigencia de un depósito previo de 12 IUS (algo más de $355.000 al valor actual de la citada unidad arancelaria) para acceder al recurso de queja ante la Corte provincial representa un obstáculo económico que dificulta gravemente el acceso a la justicia para amplios sectores de la población, en eventual contradicción con lo establecido en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional». Tras citar puntualmente entre esos tratados al Pacto de San José de Costa Rica, la institución aclaró: «Si bien es razonable que se impongan límites a presentaciones infundadas, las que conspiran con la celeridad y eficacia de la justicia, consideramos que imponer esta barrera económica del justiciable podría derivar en un trato desigual injustificado según la condición económica de las personas, afectando el principio de igualdad ante la ley».
Por otra parte, la entidad consideró «oportuno ponderar la delicada situación económica y social que atraviesa nuestro país y provincia, donde un gran número de personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica. Su consejo directivo puso en claro que valora «los esfuerzos por dotar de mayor celeridad y eficiencia al servicio de justicia, pero desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta instamos a una revisión detenida del proyecto a fin de salvaguardar el pleno e irrestricto acceso a la misma para todas las personas por igual, sin distinciones discriminatorias de ningún tipo».
Tras reafirmar su «compromiso con la defensa de los derechos y garantías constitucionales, pilares fundamentales del Estado de Derecho», el Colegio profesional informó que remitirá «una comunicación formal a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Salta solicitando tener intervención en el debate en comisiones de este proyecto».
