La Policía de la Ciudad rescató más de 50 caniches en cautiverio en el marco de un operativo en el barrio de Flores, en el que desbarató un criadero ilegal en el que los perros estaban hacinados. Ahora, la Justicia ubicará a los animales en alguna ONG proteccionista para que puedan reubicarlos en hogares y familias que deseen adoptarlos como mascotas.
Encerrados en jaulas sucias, sin agua, alimentos ni vacunación: así encontraron este jueves agentes de la fuerza policial porteña a 57 caniches de la raza Toy en una casa de Arrotea al 600, fachada para un criadero ilegal que dejó escenas difíciles de maltrato animal, incluso para los policías que participaron del operativo.
Los había cachorros y adultos, todos en condiciones deplorables de higiene, sobreviviendo en su material fecal. El allanamiento realizado por la fuerza fue resultado de una investigación que ya llevaba a cabo el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal y Contravencional y de Faltas N°5.
Fue la misma dueña de casa -y del criadero irregular- la que permitió el ingreso de los agentes al domicilio.
Una vez dentro del domicilio de Flores, lo que encontraron resultó espeluznante: una casa con patio en el que no sólo reinaba el desorden sino también la falta de condiciones mínimas de limpieza, que aportaba el marco en que se encontraron, además de los perros, diez jaulas y apenas cinco bolsones de comida. A la luz de estos detalles, se determinó que lo que allí funcionaba era un criadero clandestino.
Los 57 perros encontrados estaban en un patio en que convivían toda clase de muebles viejos y sucios, un auto desvencijado, trapos hechos harapos y residuos, metales y piedras.
Los ladridos que los agentes escuchaban durante el allanamiento provenían, sin embargo, de un cuarto casi a oscuras, en el que se edificaban torres de jaulas, en que convivían los animales con sus deposiciones. Alrededor, las moscas completaban el panorama.
La dueña de casa y el criadero sufrió una crisis nerviosa durante el allanamiento, por lo que tuvo que ser asistida médicamente por personal del SAME. También intervinieron la división Canes de la Policía de la Ciudad, agentes del Centro de Información Judicial (CIJ) y veterinarios de la Agencia de Protección Animal (APRA) de la Ciudad.
Las autoridades dispensaron, amén de incautar los animales, imputar a los responsables, que ahora enfrentan la acusación por maltrato animal (ley 14.346), por instrucción de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurián ante la secretaría de Ricardo Bomparola.
Además, se decidió hacer un relevamiento de los ejemplares rescatados para que puedan ser entregados a organizaciones de protección animal para que puedan ser reubicados en hogares, una práctica habitual que incluso termina en jornadas para la adopción publicitadas oficialmente.
También se secuestró el celular de la propietaria del criadero, con el objetivo de trazar las operaciones de venta que llevaba a cabo por fuera de la ley.