El fiscal Toranzos analiza apelar absolución de exdirigentes camporistas
El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, está considerando apelar la absolución de los exdirigentes camporistas del Pami y la Anses por fraude. Toranzos anticipó esta acción en una entrevista concedida a Radio Salta, a la cual indicó que hay elementos que no fueron adecuadamente valorados por el Tribunal. «Normalmente nosotros esperamos a la fundamentación escrita para establecer, pero en función de las pautas que expresaron los jueces ayer (por el jueves), entendemos que hay algunos elementos que no se valoraron, así que es muy probable que pidamos una revisión en Casación de este fallo», señaló el fiscal.
Los exdirigentes camporistas, Verónica Molina, Marcos Vera, y el ex concejal Fernando Ruarte, estaban acusados por delitos como exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y peculado. Sin embargo, fueron absueltos por unanimidad por el Tribunal Oral 2 de Salta.
Toranzos mencionó que el Tribunal adoptó una evaluación diferenciada de la prueba, alineándose con los argumentos de la defensa y contradiciendo la hipótesis planteada por la Fiscalía.
Analizó que los jueces interpretaron que algunas acciones no se ajustaban al tipo penal propuesto por la Fiscalía, como la retención del 20% de los sueldos y la distribución de electrodomésticos en contextos políticos. «Más allá de que hubiese habido o no presencia de cartelería del PAMI, lo cierto es que había un beneficio en un orden de clientelismo de plantear una transferencia de bienes a cambio de la recepción de un voto», indicó el fiscal.
«Entendemos que hay algunos elementos que no se valoraron, así que es muy probable que pidamos una revisión en Casación de este fallo».
Como posibles motivaciones de los denunciantes, el fiscal comentó que se menciona que una parte del Tribunal consideró que las denunciantes realizaron sus declaraciones motivadas por sentimientos de abandono y enojo, lo que influyó en la interpretación de los hechos.
Sin embargo, Toranzos argumentó que la retención del 20% de los sueldos no era voluntaria, presentando pruebas que respaldan esta afirmación, como audios e impactos de pantalla de conversaciones.
Agrupaciones
El fiscal federal de Salta también está a cargo de una investigación sobre presuntas presiones y cobros por parte de titulares de agrupaciones a personas que reciben planes sociales. La investigación se inició en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras recibir denuncias a través de una línea pública donde se alertaba sobre la obligación de asistir a manifestaciones o sobre presiones relacionadas con el cobro de subsidios.
Algunas de las denuncias correspondían a agrupaciones de Salta, lo que derivó en el inicio de una investigación local. El objetivo inicial es determinar la existencia de estas agrupaciones, su vínculo con los beneficiarios de planes sociales, y si han recibido fondos del Estado para su redistribución.
Ricardo Toranzos.
En este sentido, se están identificando y precisando varias agrupaciones sospechosas, entre las cuales se mencionó inicialmente a la organización «La 25 de Mayo». Sin embargo, el fiscal señaló que existen otras agrupaciones que están siendo investigadas también.
Una preocupación adicional es la falta de regulación específica para estas agrupaciones, ya que al no tener personería de partido político, no están sujetas a las mismas obligaciones de transparencia en el manejo de fondos que los partidos políticos. Esto podría generar situaciones de discrecionalidad en el manejo de recursos y dificultar la detección de posibles irregularidades.
«Lo que hay que tratar es que la transparencia del manejo de la plata de la política o de la asistencia social sea primordial. Tenga una prudencia, un respeto y sobre todo una reglamentación para saber de dónde viene, quién es el destinatario y por qué se alteran situaciones», expresó Toranzos.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento no se presentaron en Salta testimonios o pruebas directas ante la Fiscalía. La investigación se basa en una «noticia criminis» surgida de denuncias anónimas, lo que requiere una exhaustiva verificación de los hechos por parte de las autoridades.
La Fiscalía busca garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a asistencia social y evitar situaciones de abuso o aprovechamiento por parte de las agrupaciones investigadas.
Retención del 20% del sueldo
«Entiendo que este aporte de un 20% es significativo en un sueldo, resulta difícil que sea voluntario, nosotros acreditamos con audios e impactos de pantalla de conversaciones que no se podía dejar de pagarlo, se cumplían todos los meses, no es que iba en contra de ese carácter voluntario porque en una oportunidad le decían que no tenían plata, no obstante se les exigía, por eso es que siempre planteamos de que esa exigencia estuvo presente. Los jueces creyeron lo que le dijeron estas personas, que cuando lo denunciaron estaban enojadas, pero si bien no les era grato aportar, no se sentían obligadas», detalló.
