Sigue la discusión por el Código Urbanístico: en que barrios están los 4.354 inmuebles patrimoniales que buscan proteger

Continúa en la Legislatura porteña el debate sobre el «ajuste» que propone el Ejecutivo local al actual Código Urbanístico (CUr), votado en 2018. Mientras avanza la discusión sobre las nuevas alturas que podrían permitirse en los barrios de casas bajas, el futuro de los pulmones de manzana, de la construcción sobre las avenidas y sobre la transferencia de metros cuadrados en el norte para aquellos desarrolladores que construyan en el sur; mientras esto ocurre, se cuela otro tema central que tiene que ver con el patrimonio construido, el que caracteriza y le da identidad a la Ciudad.

Se trata de la propuesta del Ejecutivo porteño, que impulsa un proyecto para otorgar «ley firme» a más de 4.200 inmuebles que hoy se encuentran dentro de un «catálogo preventivo».

Así podrían pasar a tener una catalogación definitiva, es decir, contar con una protección que impida su demolición. O no, porque algunos podrían ser descatalogados, lo que permitiría, por ejemplo, su demolición. Hoy este «catálogo preventivo» tiene a estos inmuebles como en una suerte de limbo desde hace años.

«El gobierno porteño ignoró varios fallos de la Justicia sobre este catálogo. Por supuesto es intencional porque con el paso de los años, y sin una definición concluyente, el patrimonio se deteriora y se pierde. Esta propuesta que hace ahora el Ejecutivo es una distracción. La Ciudad tiene la potestad de enviar este proyecto de ley desde hace mucho tiempo. Se necesita una actuación rápida, para detener la pérdida del patrimonio porteño», explicó a Clarín Ana Bas, de la ONG Basta de Demoler.

Por otra parte, desde la organización vecinal «Amparo Ambiental Chacarita» informaron que para elaborar este catálogo «no hubo instancia de participación vecinal, tal como lo indicó la Justicia». Como muchos vecinos de otros barrios, en Chacarita se organizaron para hacer reclamos en la Legislatura y presentaron su propio proyecto de ley, en abril de 2023.

«Sin embargo, no se respetó nuestro proyecto de ley vecinal, incumpliendo la promesa de campaña de Jorge Macri, y desprotegiendo las identidades barriales», explicaron.

Desde la Ciudad, cuando presentaron el proyecto que se discute en la Legislatura y podría llegar al recinto el jueves de la próxima semana, dijeron que se hicieron al menos 15 recorridas y más de 30 reuniones con vecinos de todos los barrios

Respecto a este «catálogo preventivo» en el barrio de Chacarita hay 10 inmuebles que podrían tener algún tipo de protección, como por ejemplo el Banco Provincia de Federico Lacroze al 3900, clásica construcción de una arquitectura bancaria del siglo pasado.

Entre los 10 inmuebles hay viviendas clásicas de barrio, entre medianeras, de PB y primer piso; alguna de sólo planta baja con jardín delantero. Además hay una casona famosa, en Avenida Forest al 900. Esta casa es un clásico ejemplo de las villas italianas -incluso con mirador- fue restaurada recientemente y luce espléndida. Lo curioso es que está incluida en el listado que envió la Ciudad a la Legislatura, pero ya tiene una «protección estructural».

«La protección de muchos de estos inmuebles supera incluso lo arquitectónico, que de por sí tiene mucho valor; hay un extra vinculado a la función ambiental. Son inmuebles con superficie absorbente, con verde, parque, árboles, lo que mejora el entorno», explica Laura, vecina de este barrio e integrante de la organización vecinal Amparo Ambiental Chacarita.

Una de las objeciones que le hacen a este proyecto de CUr las organizaciones vecinales -incluso el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, CPAU- es que los cambios se llevan a cabo sin tener como «norte» el Plan Urbano Ambiental vigente.

En la Comuna 15 (integrada por los barrios de Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas) 154 inmuebles están dentro de este listado «preventivo».

La semana pasada, la organización Cultura Abasto participó del debate en la Legislatura. Allí, Elizabeth Mosconi aportó la voz vecinal: «El ejecutivo incluyó 400 inmuebles de la Comuna 5 (Almagro y Boedo) en este catálogo. Mientras que nosotros ya tenemos relevados cerca de 1.500. Cuando hicimos una búsqueda más detallada de cada uno, encontramos que muchos ya fueron desestimados por el CAAP», explicó. Lo que significa que quedarían sin catalogación y podrían ser demolidos. El CAAP es el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

Otro tema que llevó a debate Mosconi tiene que ver con los APH (Area de Protección Histórica): «Solicitamos que se amplíe el APH Mercado de Abasto. Es la tercera vez que presentamos el proyecto. Participamos de las reuniones previas pero vemos que la Ciudad no tomó nuestras propuestas, porque lo que propone es proteger el entorno del mercado (actual Shopping Abasto), pero eso no es el barrio, no es el paisaje cultural urbano del Abasto», lamentó Mosconi.

En los últimos años, la Ciudad realizó en el barrio el ciclo «Abasto cultural»: «Fuimos convocados como enlace con las organizaciones barriales. Sin embargo, esto no llevó a ninguna propuesta de una verdadera protección de la identidad barrial», concluyó.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la actualidad hay 5.212 inmuebles en catálogo definitivo. Es decir que estas construcciones están protegidas a través de una ley. A su vez, existen tres niveles de protección, que son los siguientes:

• Integral. Reconoce a aquellos inmuebles “de especial interés por sus altos valores histórico-culturales, arquitectónicos y urbanos”. Esta protección sólo admite trabajos de preservación y restauración, y es la más restrictiva. Por ejemplo, la Legislatura de la Ciudad o el Palacio Paz (frente a Plaza San Martín), ambos además Monumento Histórico Nacional.

• Estructural. Admite modificaciones interiores y tareas de mantenimiento. Son los “inmuebles de carácter singular” por sus características arquitectónicas y con “valores histórico-culturales y urbanos”. Por ejemplo la sede Azopardo de la CGT tiene esta protección (también es Monumento Histórico Nacional).

• Cautelar. Protege fachada pero permite intervención de los interiores; incluso ampliaciones del volumen ya construido. Reconoce los inmuebles “cuyo valor es el de constituir una referencia formal y cultural del área”; es la más permisiva de las protecciones. El bar «Esquina Homero Manzi», en San Juan y Boedo, tiene esta protección.

Además de estas tres protecciones, existen los APH. ¿Qué son? Las Areas de Protección Histórica protegen zonas de la Ciudad, como por ejemplo, «entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario», en el barrio de Retiro (APH 38).

El CUr actual defines los APH como «espacios urbanos que por sus valores histórico-culturales, arquitectónicos, singulares y/o ambientales constituyen ámbitos identificables como referentes de nuestra diversidad cultural”. Hay más de 50.

La caracterización como APH debería protegerlos, pero no siempre ocurre: sobre esta situación da cuenta el número 3 «Grand Bourg, Palermo Chico». En estos momentos avanza la obra de un edificio de viviendas para el cuál se permitió englobar parcelas -juntar varios terrenos- y enrasar altura. Sin embargo, tanto el englobamiento de parcelas como el enrasamiento de parcelas no está permitido. Esta mega obra, sobre la calle San Martín de Tours, fue denunciada ante la justicia por los vecinos y vecinas. Nada la detuvo. Hoy es un edificio de ocho pisos; un bloque vidriado sin un sólo metro cuadrado de jardines, ni parques, ni verde.

En síntesis, el paso a paso de cómo se llega a la catalogación, o no, es el siguiente: se realiza un estudio técnico de la propuesta de catalogación. Puede ser a través de un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo o por pedido de asociaciones vecinales o del propio dueño del inmueble. Luego el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) propicia la catalogación o la desestima.

El CAAP emite opinión pero la misma no es vinculante. Este Consejo está presidido por la Dirección General de Interpretación Urbanística, un organismo que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Jefatura de Gabinete; y especialistas en protección y patrimonio. Desde CPAU y Sociedad Central de Arquitectos, pasando por Comisión Nacional de Monumentos, FADU – UBA, y Comisión de Planeamiento de la Legislatura, entre otros.

El trámite continúa a través de la Subsecretaría de Gestión Urbana que incorpora el inmueble en el «catálogo preventivo»; se notifica al propietario, quien puede negarse. Queda a consideración del CAAP, que puede o no desafectarlo.

Si el inmueble queda en el «catálogo preventivo» se realiza la elevación del proyecto de ley a la Legislatura. Y finalmente sólo la decisión política mueve, ¿moverá?, el proyecto de ley del limbo en que se encuentran hoy miles de inmuebles,