Narcoamenazas: refuerzan la seguridad en Ciudad Judicial
El preocupante escenario revelado por el procurador general, Pedro García Castiella sobre la infiltración del narcotráfico en el norte de la provincia y los objetivos para copar esos territorios con estrategias y armas sofisticadas, junto con las amenazas que recibió en las últimas horas por parte de estos grupos, es motivo de un fuerte despliegue de seguridad en el ámbito de la Justicia.
Las amenazas contra el jefe de los fiscales de la provincia, son reales y han desencadenado un operativo de seguridad sin precedentes en el Ministerio Público. Aunque aún se desconoce la modalidad exacta de las amenazas, ya sea telefónica o en forma escrita, la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Se reforzaron las medidas de protección en el edificio de la fiscalía, con un perímetro de seguridad que se ha vuelto prácticamente infranqueable.
Desde que surgieron las amenazas el pasado jueves, la seguridad ha escalado significativamente, pasando de un refuerzo discreto a la presencia visible de efectivos del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOPAR) de la Policía de Salta, armados con fusiles de largo alcance. Además, se han implementado estrictos controles de acceso en todo el complejo judicial, lo que incluye cacheos personales a quienes ingresen, tanto empleados como personas que acuden para efectuar algún trámite.
El acceso vehicular a la playa de estacionamiento del Ministerio Público ha sido completamente restringido, y el tránsito en sus inmediaciones también se encuentra limitado. Esto ha generado un ambiente de tensión que ha afectado incluso a los abogados, quienes deben mostrar una identificación especial para acceder a la zona de estacionamiento interna del Poder Judicial.
El procurador García Castiella, además, ha señalado a los municipios fronterizos del norte de la provincia como objetivos clave de infiltración por parte de redes del narcotráfico, revelando que existen pruebas claras de los intentos de estos grupos criminales por ganar control sobre estos territorios, mediante sofisticadas estrategias y recursos económicos. Sectores políticos y empresariales de la región, consultados por El Tribuno y que pidieron el anonimato, temen que el problema sea más grave de lo que se percibía anteriormente.
En torno a la investigación contra el juez Parisi se sabe que son dos las causas con requerimiento de juicio, pero se prepara una tercera. El requerimiento de esta tercera causa haría casi inevitable su destitución a través del jury que se conformó en las últimas horas.
La investigación contra el juez de Garantías de Orán, Claudio Parisi, quien enfrenta múltiples causas judiciales y está bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico, ha sido un punto clave en las pesquisas impulsadas por la Procuración. Parisi está a punto de enfrentar un jury de enjuiciamiento que podría resultar en su destitución, mientras que otro exjuez de Orán, Edgardo Laurenci, se retiró antes de que las investigaciones sobre su desempeño avanzaran.
Este entramado judicial en la región norte de Salta ha despertado sospechas de que las recientes amenazas contra el procurador podrían estar relacionadas con las investigaciones que exponen la complicidad de magistrados en las maniobras del narcotráfico, facilitando su operación en la frontera. Entre los casos emblemáticos que alimentan estas sospechas está el de Liliana Ledesma, una víctima de asesinato en Salvador Mazza, cuyo sicario fue liberado bajo la jurisdicción de Laurenci.
Estas amenazas y las investigaciones en curso han puesto en alerta no solo al Ministerio Público, sino a todo el sistema judicial de la provincia, en un momento donde la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial de Salta aparece como una realidad inocultable.
