Cafayate: El Juez de Paz y otras tres personas irán a juicio por estafa procesal
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, fue notificada sobre la elevación a juicio de dos causas conexas que involucran a un juez de paz, dos abogados y otro acusado.
En la primera causa, un hombre de 43 años fue imputado por usurpación, un abogado de 61 años por estafa mediante abuso de confianza, y un juez de paz de 62 años por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la segunda causa, los tres acusados, junto a un abogado de 47 años, enfrentarán un juicio por estafa procesal y falsificación de documentos, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
El caso y la denuncia
La denuncia fue realizada por dos damnificados, uno de ellos administrador de los bienes de la legítima propietaria de un inmueble con juicio sucesorio en trámite. Según la acusación, el abogado imputado habría solicitado la llave de la vivienda a la damnificada, alegando confianza entre ambos. Sin embargo, luego se presentó como representante legal de una mujer mayor de edad, quien, junto a otra persona, ocupó la propiedad sin autorización de los herederos en barrio Docente.
Desde agosto de 2021 hasta julio de 2022, el hombre de 43 años y una de las ocupantes pusieron la vivienda a disposición de otra persona, acción facilitada por el abogado, quien tenía en su poder las llaves del inmueble. Además, el juez de paz certificó un contrato de comodato con firmas que, según una pericia caligráfica, no fueron realizadas por la administradora de la vivienda.
Decisiones judiciales
El 2 de febrero de 2024, dos mujeres que habían ocupado la vivienda fueron sobreseídas. Esta resolución fue confirmada por el Tribunal de Impugnación el 12 de agosto de 2024, desvinculándolas del caso.
Por otro lado, la jueza María Virginia Toranzos rechazó el pedido de sobreseimiento del abogado y del juez de paz, resolviendo la elevación a juicio de la causa.
La segunda causa, que también irá a juicio, investiga una presunta maniobra fraudulenta para despojar a la damnificada del inmueble en 2020. Los cuatro acusados habrían iniciado un juicio ejecutivo basado en un contrato de comodato falso, con el fin de ejercer la posesión del inmueble de manera fraudulenta.
